CARACAS.— La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó formalmente a los organismos policiales y de seguridad del Estado abstenerse de realizar arrestos sin la debida orden expedida por un tribunal competente, exceptuando únicamente los casos de flagrante delito.
A través de una alocución dirigida a la nación, la mandataria garantizó el libre ejercicio de la política y reafirmó la vigencia del derecho constitucional a la manifestación pacífica, subrayando que las movilizaciones deben desarrollarse en el marco del respeto a las leyes y a la integridad de la ciudadanía y los agentes de seguridad.
Apertura política y garantías a la oposición
La instrucción gubernamental coincide con el esperado retorno y la comparecencia pública ante los medios de comunicación de la líder opositora María Corina Machado. Al respecto, Rodríguez sostuvo que la pluralidad de criterios debe respetarse en el país «sin temor a represalias de ningún tipo».
Con esta medida, el Ejecutivo busca poner freno a las prácticas de apresamientos administrativos y detenciones arbitrarias que han sido objeto de constantes denuncias por parte de organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos en los últimos años.
Proceso de reformas y liberaciones
Las directrices se inscriben dentro de la agenda de reestructuración institucional asumida por Rodríguez tras ser designada al frente de la Jefatura de Estado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
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En el marco de este proceso, el Gobierno ha impulsado la flexibilización de las actividades políticas, la readecuación del sistema judicial y la aplicación de un proyecto de ley de amnistía tramitado ante el Parlamento, instrumento que ha permitido la liberación de más de mil personas y ha beneficiado a cerca de 9,000 procesados.
