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Expertos advierten que la nueva regulación frena la migración legal y podría impactar a más de 500,000 solicitantes de residencia al año.
Washington. – Las reglas del juego para la migración legal en los Estados Unidos han cambiado de manera radical. Una nueva normativa implementada por la administración del presidente Donald Trump prohíbe a los inmigrantes que ya se encuentran en territorio estadounidense completar su proceso de «ajuste de estatus» (adjustment of status) desde el interior del país, obligándolos a regresar a sus naciones de origen para esperar la resolución de sus casos.
La medida, que entró en vigor la semana pasada, representa un giro drástico en la política migratoria tradicional y apunta directamente a los canales legales de regularización. Hasta ahora, miles de solicitantes de la tarjeta de residencia permanente o green card (ya fuera por lazos familiares o peticiones laborales) podían permanecer en suelo estadounidense de forma legal mientras las autoridades procesaban sus expedientes.
Un golpe al sistema legal con efectos masivos
Especialistas en materia migratoria consultados advierten que las repercusiones de esta norma serán profundas, estimando que el nuevo requerimiento afectará a más de medio millón de personas cada año.
La obligatoriedad de abandonar el país introduce múltiples complicaciones para las familias y los empleadores:
Separación familiar y económica: Los solicitantes deberán pausar sus vidas, empleos y estudios en EE. UU. sin tener una certeza absoluta sobre el tiempo que demorará el trámite en los consulados de sus países de origen.
Saturación consular: Se prevé que la medida genere un embudo y retrasos masivos en las sedes diplomáticas estadounidenses en el exterior, las cuales no dan abasto para procesar el volumen actual de solicitudes.
Riesgo de penalizaciones: Abogados de inmigración alertan que salir del país podría activar de forma automática regulaciones previas conocidas como los «castigos de los tres y los diez años» para aquellos que en algún momento acumularon presencia indocumentada, impidiéndoles regresar legalmente.
Con esta regulación, la Casa Blanca endurece su estrategia de control fronterizo y ordenamiento migratorio, trasladando el peso de los procesos administrativos fuera de sus fronteras y enviando un mensaje contundente sobre las nuevas restricciones para acceder a la residencia permanente.
