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La reciente decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de prohibir la difusión de encuestas políticas hasta el inicio de la precampaña en 2027 ha encendido el debate en el Congreso Nacional. Voceros de las principales bancadas en la Cámara de Diputados coincidieron en que la medida, plasmada en el reglamento del pasado 22 de mayo, debe someterse a una nueva revisión, abriendo la puerta a futuras discusiones con el órgano electoral.
A pesar de que la mayoría de los partidos respaldó inicialmente el freno a los sondeos durante las audiencias previas con la JCE, las posturas actuales de los legisladores varían entre la defensa institucional y los cuestionamientos sobre la legalidad de la norma.
Entre el «voto de confianza» y el diálogo Desde el oficialismo, el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, defendió el rol constitucional de la JCE y abogó por otorgarle un «voto de confianza». No obstante, aclaró que «toda acción está sujeta a revisión» en caso de que el organismo considere que cometió un error, instando a evitar descalificaciones que afecten la credibilidad de la institución.
Por su parte, Rafael Castillo, portavoz de la Fuerza del Pueblo, recordó que el reglamento nació del consenso inicial entre las organizaciones políticas. Sin embargo, reconoció que ante la coyuntura actual se perfila un nuevo escenario de concertación. «Lo que puede surgir de aquí en adelante es un proceso de conversación que va a tener que ser discutido entre los partidos nuevamente», señaló.
Cuestionamientos a la legalidad del reglamento La postura más crítica provino del bloque del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Su vocero, Gustavo Sánchez, tildó la medida de ilegal al considerar que un reglamento no puede pasar por encima de la ley ni de la Constitución, argumentando que cualquier modificación de este tipo es facultad exclusiva del Congreso. Sánchez sugirió que la JCE debería priorizar la fiscalización de otras infracciones visibles, como la publicidad a destiempo en vallas, y vinculó la prohibición con el posicionamiento actual de los partidos en las encuestas.
El nudo del conflicto El reglamento de la JCE establece severas sanciones para las firmas encuestadoras que violen la disposición, contemplando suspensiones de seis meses a un año, e incluso la pérdida definitiva del registro en casos de reincidencia.
El principal punto de fricción radica en que la medida choca frontalmente con la Ley 20-23 de Régimen Electoral, la cual solo prohíbe la divulgación de sondeos durante los ocho días previos a los comicios, lo que ha levantado alarmas en diversos sectores sobre posibles choques constitucionales y violaciones a la libertad de expresión.
