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El futuro deportivo del campocorto dominicano Wander Franco en las Grandes Ligas parece haber llegado a su fin definitivo, no por una sanción de la MLB, sino por las estrictas leyes migratorias de los Estados Unidos. A pesar de haber recibido un perdón judicial que lo exime de cumplir prisión en la República Dominicana, expertos legales aseguran que las puertas del país norteamericano están cerradas para siempre para el pelotero.
En declaraciones para The Athletic (plataforma deportiva de The New York Times), especialistas en inmigración sepultaron cualquier posibilidad de que el jugador vuelva a vestir el uniforme de los Rays de Tampa Bay. «Es imposible que el Departamento de Estado le otorgue una visa a este hombre», sentenció la abogada Amy Maldonado, quien trabaja con varios equipos de la MLB. Maldonado enfatizó que la culpabilidad penal por abuso sexual de una menor extingue cualquier oportunidad de visado, sin importar la administración política de turno.
Actualmente, Franco permanece en la lista restringida de las Grandes Ligas y sin percibir su millonario contrato de 11 años y 182 millones de dólares, debido estrictamente a su incapacidad legal para ingresar a territorio estadounidense y cumplir con sus compromisos laborales.
Polémica por los comentarios del juez El veredicto emitido esta semana no solo ha tenido repercusiones deportivas, sino que ha desatado una fuerte ola de indignación social y jurídica por el comportamiento del tribunal. El magistrado José Núñez, quien presidió el juicio, ha sido blanco de duras críticas por utilizar un lenguaje calificado por expertos como sexista, machista y revictimizante durante la lectura de las motivaciones del fallo.
El uso de frases como «mujeres fáciles de consecuencias difíciles» (citando al cantante Nelson Ned) y calificar el abuso como «una relación, tal vez anómala», generó repudio inmediato. Juristas y defensores de los derechos humanos señalan que estas expresiones minimizan un delito penal tipificado y desplazan erróneamente la responsabilidad del adulto hacia la menor de edad y su entorno, bajo prejuicios morales caducos.
Protestas y reclamos de impunidad La respuesta social no se ha hecho esperar. La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres alzó su voz de protesta frente a la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, cuestionando duramente el mensaje que se le envía a la sociedad al declarar a alguien penalmente responsable de abuso infantil pero otorgarle un perdón judicial sin consecuencias de cárcel.
«¿Qué mensaje reciben las mujeres y las niñas cuando denunciar no las protege?», reclamó el colectivo, que ya anunció jornadas de movilización nacional e internacional (incluyendo Nueva York y Barahona) para exigir respuestas contundentes del Estado dominicano ante la impunidad y la violencia de género.
