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La jueza Yanibet Rivas dictó apertura a juicio por desfalco, lavado de activos y asociación de malhechores en el millonario fraude de la red de semáforos.
SANTO DOMINGO.– El proceso judicial por el presunto fraude en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) avanza a su etapa crucial. La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dictó este viernes auto de apertura a juicio de fondo contra el exdirector de la entidad, Hugo Beras, y el empresario José Ángel (Jochi) Gómez, señalados como los principales cabecillas de una red de corrupción estatal.
A pesar de que el Ministerio Público mantuvo un catálogo de imputaciones de extrema gravedad, la magistrada decidió excluir los cargos de terrorismo del expediente. No obstante, validó las pruebas presentadas por el órgano persecutor para sostener los delitos de desfalco, lavado de activos, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado y asociación de malhechores.
El origen del millonario fraude de los semáforos
La acusación detalla que los encartados estructuraron un sofisticado esquema de corrupción administrativa para adjudicar de manera irregular un contrato que superaba los 1,300 millones de pesos a la empresa Transcore Latam S.R.L., propiedad de Jochi Gómez, para la modernización de la red de semáforos del Gran Santo Domingo.
De acuerdo con las indagatorias del Ministerio Público, los actos de sabotaje cibernético y el colapso del sistema de tráfico ocurridos en agosto de 2024 fueron una represalia directa ejecutada por la red tras la suspensión oficial del referido contrato fraudulento.
Todo el entramado técnico y financiero va a juicio
La decisión de la jueza Rivas no solo afecta a Beras y Gómez; el tribunal también envió a juicio de fondo a otros exfuncionarios clave de la institución como Pedro Vinicio Padovani Báez (exencargado del Centro de Control de Tráfico), Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda (exdirector de Tecnología), Frank Díaz Warden (excoordinador de Despacho) y Juan Francisco Álvarez Carbuccia (director financiero).
Asimismo, el auto de apertura a juicio incluye a los técnicos y colaboradores Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso, junto a un entramado de siete empresas vinculadas al caso, entre las que destacan Aurix S.A.S. y Dekolor S.R.L. El destino de los fondos y las responsabilidades penales definitivas se dirimirán ahora ante un Tribunal Colegiado.
