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La sorpresa estalló en Washington el jueves por la tarde, cuando se conoció que Letitia James, fiscal general de Nueva York, había sido acusada por un gran jurado en Virginia bajo cargos de fraude bancario. Lo que más llamó la atención no fue únicamente la naturaleza de los cargos, sino la forma en que fueron gestionados: los principales mandos del Departamento de Justicia, incluida la fiscal general Pam Bondi y su adjunto Todd Blanche, no fueron informados con anticipación de la acusación.
Según fuentes con conocimiento directo del proceso, Bondi y Blanche solo tenían información parcial y general de que la fiscal Hallgan estaba impulsando esfuerzos para llevar el caso contra James, pero nunca recibieron aviso de que la acusación culminaría ese mismo día con un voto del gran jurado. El hermetismo generó un ambiente de desconcierto dentro del propio Departamento, dejando a sus máximas autoridades al margen de una de las decisiones judiciales más sensibles y políticamente cargadas de los últimos tiempos.
La presión de Trump y las divisiones internas
La situación refleja semanas de intensos debates internos en el Departamento de Justicia, atravesados por una creciente presión pública del presidente Trump. El mandatario había exigido abiertamente que la fiscal Bondi actuara con rapidez contra James, quien meses atrás le había declarado la guerra legal al presentar un caso civil contra él y su imperio empresarial por presuntas prácticas fraudulentas.
Este choque entre la justicia y la política generó lo que algunos describen como una “tormenta perfecta”: el cierre parcial del gobierno, las tensiones institucionales y la prisa de sectores cercanos a Trump por ver a James enfrentando cargos penales, contribuyeron a la descoordinación que dejó al propio liderazgo del Departamento en la oscuridad.
Una fractura dentro del poder judicial
Para analistas y observadores legales, lo ocurrido expone un nivel de fractura pocas veces visto dentro del Departamento de Justicia. Tradicionalmente, las acusaciones de alto perfil contra figuras políticas son cuidadosamente coordinadas con los más altos funcionarios, tanto para garantizar el debido proceso como para evitar filtraciones o interpretaciones de motivaciones políticas. Sin embargo, en este caso, las prisas y rivalidades internas hicieron que se actuara de manera precipitada.
“Fue una conclusión sorprendente después de semanas de drama interno”, señaló una fuente citada por medios de Washington. El hecho de que Bondi y Blanche se enteraran prácticamente a la par de la opinión pública subraya la falta de cohesión dentro de una institución que debería proyectar unidad y control en decisiones de esta magnitud.
Impacto político y percepción pública
La acusación contra James no solo afecta a la figura de la fiscal general de Nueva York, sino que también sacude la confianza en el sistema judicial federal. Para críticos de la administración Trump, el proceso representa un intento de instrumentalizar la justicia para atacar a una funcionaria que había osado desafiar al presidente en los tribunales. Para sus seguidores, en cambio, es una victoria en la batalla contra lo que consideran una “persecución política” en su contra.
Mientras tanto, Pam Bondi, al ser cuestionada, evitó pronunciarse en detalle sobre la falta de coordinación, pero dejó entrever que la situación generó sorpresa en su oficina. Fuentes cercanas aseguran que tanto ella como su adjunto Blanche evaluarán los procedimientos internos para evitar que situaciones de este tipo vuelvan a repetirse.
Un caso que promete escalar
La acusación contra Letitia James y la manera en que se produjo prometen convertirse en un nuevo capítulo de confrontación entre el poder judicial y la política estadounidense. El proceso no solo pondrá bajo escrutinio a la fiscal general de Nueva York, sino también a la propia estructura del Departamento de Justicia y su capacidad de mantener independencia frente a las presiones de la Casa Blanca.
Con el telón de fondo del cierre gubernamental, la presión presidencial y las divisiones internas, la historia apenas comienza. Lo cierto es que el “caso James” ya no es solo una cuestión legal, sino un escándalo político e institucional que pone en entredicho la credibilidad del sistema de justicia en Estados Unidos.
