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Santo Domingo, RD. – El fantasma de la censura y el temor a denunciar actos de corrupción o temas de interés público amenazan con regresar a la República Dominicana. Así lo advirtió el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado Sánchez, al manifestar su profunda preocupación por las disposiciones sobre difamación e injuria contempladas en el nuevo Código Penal.
Maldonado señaló de manera específica el artículo 208 de la pieza legislativa, el cual reintroduce penas de dos a cinco años de prisión menor y multas de hasta quince salarios mínimos para quienes sean hallados culpables de difamación a través de medios tradicionales, plataformas digitales y redes sociales.
A juicio del líder gremial, esta medida representa un retroceso alarmante que contradice directamente los precedentes jurídicos del Tribunal Constitucional (TC), organismo que en sentencias anteriores ya había dejado sin efecto la privación de libertad para este tipo de delitos con el fin de garantizar un espacio comunicacional libre.
Un freno a la investigación y a la denuncia ciudadana
El presidente de la SDD fue enfático al explicar que las leyes draconianas tienen como principal efecto colateral el miedo, un factor que atenta directamente contra la fiscalización social y el periodismo de investigación.
«El que ejerce el periodismo o realiza una labor de investigación, muchas veces teme ser condenado a sumas millonarias que ni él ni el medio para el que colabora pueden responder», afirmó Maldonado, insistiendo en que el régimen de consecuencias debería enfocarse en la reparación civil de los daños morales y no en el encarcelamiento.
El periodista reconoció que el Poder Legislativo probablemente endureció las penas en un intento por frenar las campañas de descrédito y presuntas extorsiones en plataformas digitales; sin embargo, advirtió que la solución adoptada generará severos conflictos jurídicos y tensiones constitucionales.
Excepciones que generan desigualdad
Un punto que ha despertado suspicacia en los sectores comunicacionales es el artículo 211 de la nueva ley, el cual establece una serie de inmunidades y excepciones. Según el texto, no serán perseguidos penalmente los discursos emitidos dentro de las cámaras legislativas, los informes oficiales de los poderes del Estado, ni las reseñas periodísticas de las sesiones del Congreso o de los tribunales de justicia.
Esta división deja en una posición de vulnerabilidad a los ciudadanos comunes, activistas sociales y creadores de contenido digital, quienes, a diferencia de los funcionarios en escenarios institucionales, sí continuarán sujetos a la severidad de las penas de cárcel generalizadas.
Próxima batalla en el Tribunal Constitucional
Ante el panorama que se avecina con la entrada en vigencia de la reforma penal, Maldonado adelantó que la comunidad jurídica y los defensores de los derechos civiles no se quedarán de brazos cruzados.
La Sociedad Dominicana de Diarios, que históricamente ha liderado las iniciativas legales para despenalizar los delitos de palabra en el país, prevé que el debate se trasladará nuevamente a los tribunales. Varios juristas ya se encuentran evaluando los textos normativos para interponer acciones de inconstitucionalidad una vez el código empiece a aplicarse, buscando asegurar que la libertad de prensa y el debate democrático sigan protegidos por las garantías fundamentales de la República.
