TV ONLINE
Washington, D.C. – La administración del presidente Donald Trump anunció el restablecimiento de una política que amplía la autoridad de los oficiales de inmigración para negar la residencia permanente (Green Card) a solicitantes que sean considerados propensos a depender de programas de asistencia pública.
La medida, implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), forma parte de los esfuerzos de la administración para endurecer las políticas migratorias y retoma una iniciativa aplicada durante el primer mandato del presidente Trump, la cual había sido bloqueada por demandas judiciales y posteriormente revocada por la administración del expresidente Joe Biden.
Con esta política, los funcionarios de inmigración podrán evaluar si un solicitante podría convertirse en una «carga pública», tomando en cuenta factores relacionados con su situación económica y la posibilidad de que dependa de programas gubernamentales de asistencia.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes criticaron la decisión al considerar que podría provocar que miles de familias dejen de solicitar beneficios como cupones de alimentos (SNAP) o ayudas para vivienda, aun cuando reúnan los requisitos legales para recibirlos. Advierten además que la medida podría afectar indirectamente a ciudadanos estadounidenses, especialmente niños, cuyos padres inmigrantes podrían renunciar a estos programas por temor a poner en riesgo su proceso migratorio.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional defendió la medida al señalar que restablece el principio de que quienes buscan establecerse permanentemente en Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente sin depender de la asistencia pública.
La decisión marca un nuevo endurecimiento de la política migratoria de la administración Trump y podría tener un impacto significativo en cientos de miles de inmigrantes que aspiran a obtener la residencia permanente en Estados Unidos.
