SANTO DOMINGO.– La entidad de la sociedad civil Profamilia manifestó su firme respaldo al Proyecto de Ley de Respuesta Integral a las Violencias contra las Mujeres denominado Ley Mirabal, asegurando que su promulgación marcará una transición histórica al dotar a la República Dominicana de una política estatal sostenida, integral y con asignación presupuestaria definida para prevenir y erradicar la violencia machista.
La directora ejecutiva de la institución, Magaly Caram, sostuvo que la problemática no puede resolverse únicamente mediante el castigo penal a los agresores, sino que demanda una estrategia multidimensional capaz de detectar la violencia tempranamente y garantizar la rendición de cuentas institucional.
Superación de iniciativas aisladas
Caram enfatizó que, históricamente, los esfuerzos para combatir la violencia de género han dependido de proyectos fragmentados de organizaciones comunitarias y cooperación internacional, caracterizados por una cobertura geográfica desigual y la inestabilidad de recursos.
La ejecutiva destacó que la Ley Mirabal corregirá esta distorsión al comprometer transversalmente a diversas carteras del Estado, extendiendo las responsabilidades más allá del sistema puramente judicial.
El rol estratégico del sistema de salud
Entre las innovaciones del proyecto legislativo, Profamilia valoró de forma positiva las obligaciones directas que se asignarán al sector salud para la detección oportuna de agresiones:
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Identificación temprana: Capacitación del personal médico para identificar signos de violencia clínica antes de que se formalice una denuncia penal.
Protocolos seguros: Implementación de espacios de confidencialidad, acompañamiento especializado y derivación segura de las víctimas.
Intervención estructural: Políticas públicas orientadas a desmantelar los patrones sociales de desigualdad que perpetúan la agresión.
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Fundada en 1966, Profamilia reafirmo su compromiso de dar seguimiento a la aprobación de esta norma, recordando que la efectividad de la ley dependerá de una reglamentación rigurosa y fondos suficientes para su aplicación en todo el territorio nacional.
