SANTO DOMINGO ESTE.– La muerte de dos adolescentes de 16 años durante un operativo policial en el sector Mendoza elevó a 37 la cifra de personas fallecidas en alegados «intercambios de disparos» en lo que va del mes de octubre, reactivando las alarmas e idénticos reclamos de agrupaciones de derechos humanos sobre las actuaciones de la fuerza pública.
Las víctimas fueron identificadas como los mellizos Randy Omar y Omar Randy Borges Jiménez, quienes cayeron abatidos la mañana del pasado miércoles 21 de octubre en el interior de su vivienda, ubicada en la calle Duarte del referido sector.
Contradicción entre la versión policial y el testimonio familiar
Mientras la Policía Nacional sostuvo en su informe oficial que a los menores se les ocuparon dos armas de fuego tras resistir el arresto por órdenes pendientes en su contra, los familiares desmintieron categóricamente dicha versión:
Alegado chantaje probatorio: Familiares aseguraron que los jóvenes dormían cuando los agentes irrompieron en el inmueble a las 7:00 a. m. La abuela paterna, Gleny Jiménez, citó testimonios de vecinos que afirman haber visto a los agentes ingresar un maletín al recinto para supuestamente colocar las armas posteriormente.
Entregas previas: Parientes manifestaron que dos meses atrás los adolescentes habían sido entregados de forma voluntaria a la justicia y posteriormente puestos en libertad al no constatarse fichas o antecedentes en su contra.
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Exigencia de juicio justo: Allegados enfatizaron que, de existir alguna infracción, el debido proceso exigía su sometimiento ante los tribunales y no la privación sumaria de la vida.
Derechos Humanos denuncia presunta ejecución
Diógenes Ozuna, vocero del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en Santo Domingo Este, rechazó el informe institucional y solicitó formalmente la intervención del Ministerio Público para abrir una investigación penal sobre los agentes actuantes.
Ozuna afirmó contar con material audiovisual del operativo y calificó el hecho como una presunta ejecución extrajudicial, al tiempo que confirmó que se evalúan acciones legales junto a la familia para someter a la justicia a los responsables de la intervención.
