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El mandatario dijo que el Gobierno está «preparado» en caso de que la administración Trump ejecute deportaciones de indocumentados mayores a las que acostumbra
NEWSDIGITALTV-REP.DOM.- La mayoría de los dominicanos que residen en los Estados Unidos están en condición migratoria «legal», fue el planteamiento del estatus migratorio de los criollos en la nación estadounidense por el presidente de la República, Luis Abinader, durante La Semanal, en el Palacio Nacional.
El gobernante se refirió al tema durante su encuentro semanal con la pensa al contestar una pregunta sobre si el país estaba preparado para recibir deportaciones masivas de dominicanos indocumentados ante la política que está aplicando el mandatario Donald Trump desde que asumió el Gobierno el pasado 20 de enero.
Trump está aplicando un programa de deportaciones masivas de personas indocumentadas bajo el argumento de que muchas de estas personas son criminales, delincuentes y una carga para el Estado.
Abinader afirmó que el Gobierno dominicano está preparado para recibir a sus nacionales como lo ha estado haciendo en los últimos cuatro años y puso de ejemplo las deportaciones durante la administración de Joe Biden, expresidente de Estados Unidos.
Al abundar en su respuesta, dijo: «Los recibíamos cada cierto tiempo, me parece que por lo menos mensual, en algunos casos, hasta dos veces al mes».
«Nosotros estamos preparados, son dominicanos que tenemos que recibirlos», presidente Luis Abinader
El jefe de Estado dijo que su administración está preparada, en caso de que la cantidad de dominicanos indocumentados deportados sea mayor a la manejada.
«Y buscaremos la forma de hacerlo, en el caso de que sea una magnitud fuera de lo que ya normalmente se ha estado recibiendo en los últimos cuatro años», acotó
La posible deportación a sus países de orígenes tiene a muchos inmigrantes indocumentados con temor de salir de sus hogares e, incluso, muchos han optado por no enviar a sus hijos a las escuelas ante la posibilidad de que sean capturados, puesto que Trump firmó una orden administrativa que eliminó a los centros educativos, iglesias y hospitales, lugares donde autorizó redadas migratorias, lo que anteriormente no se hacía.
Para poder hacer redadas migratorias en estos lugares la orden anuló las pautas de acción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) que restringían aplicar las leyes migratorias a zonas denominadas «sensibles» o en sus inmediaciones, que son iglesias, escuelas y hospitales, entre otras.
También puso fin al amplio uso de la libertad condicional humanitaria, más conocida como Parole, y devolvió el programa a un planteamiento caso por caso.
