WASHINGTON.— El Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer los lineamientos técnicos de la hoja de ruta estratégica coordinada con actores clave venezolanos para propiciar una transición democrática sostenible en el país suramericano, esquema que condiciona la convocatoria a comicios presidenciales a la previa reestructuración de los poderes Judicial y Electoral.
De acuerdo con las precisiones ofrecidas por un alto funcionario del órgano diplomático estadounidense, la estrategia prioriza el desmantelamiento de los mecanismos de control institucional vigentes mediante acuerdos bilaterales entre la representación parlamentaria de la oposición y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Renovación del Tribunal Supremo y despolitización del CNE
El plan establece como hito inicial la conformación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) antes de concluir el año en curso. Para ello, un comité integrado por juristas y académicos independientes evaluará las postulaciones de 32 magistrados que deberán ser sometidos a ratificación en la Asamblea Nacional.
De manera simultánea, la hoja de ruta estipula la reforma integral del Consejo Nacional Electoral (CNE) para despojarlo de facultades discrecionales de inhabilitación de organizaciones políticas o candidatos. Tras la reestructuración, el organismo pasará a operar de forma estrictamente técnica en la logística, escrutinio y difusión de resultados electorales.
Declaratoria de vacante y apertura de espacio político
Una vez consolidadas las reformas en el TSJ y el CNE, la secuencia contempla que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declare formalmente la vacante permanente de la Presidencia de la República. Dicha actuación activará el precepto constitucional que otorga un plazo de seis meses para la celebración de comicios presidenciales.
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El representante gubernamental enfatizó además que el restablecimiento de garantías democráticas exige la apertura continua del espacio público, garantizando el libre desplazamiento de dirigentes opositores, la restitución del acceso a los medios de comunicación y el cese de medidas restrictivas o persecución por motivos políticos.
