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El conflicto por las obras de remodelación en la sede del Ejecutivo estadounidense ha llegado a la máxima instancia judicial. La administración del presidente Donald Trump elevó una petición ante la Corte Suprema para levantar el freno judicial que pesa sobre la construcción del nuevo Salón de Baile de la Casa Blanca, un megaproyecto presupuestado en unos 400 millones de dólares.
El recurso legal responde al fallo dictado recientemente por un tribunal federal de apelaciones, el cual determinó por mayoría (2-1) que el Gobierno no posee la facultad unilateral de ejecutar una transformación estructural de tal envergadura dentro del complejo presidencial sin contar con la aprobación del Congreso.
Seguridad y financiamiento privado: los argumentos de la Administración
Desde el Departamento de Justicia sostienen que el mandatario cuenta con atribuciones para realizar adecuaciones en la propiedad federal y destacan que la propuesta de unos 90.000 pies cuadrados de extensión en la zona donde se ubicaba el Ala Este incluye instalaciones orientadas a reforzar la seguridad nacional y la protección del complejo. Asimismo, la administración ha enfatizado que la obra se financia a través de aportes privados y que el espacio es indispensable para albergar grandes recepciones oficiales que superan la capacidad de la tradicional East Room.
Por su parte, organizaciones conservacionistas y detractores cuestionan la legalidad de haber demolido el Ala Este y avanzado en el proyecto sin el aval del Poder Legislativo.
Tras la suspensión temporal del bloqueo dictada por la corte inferior para permitir la apelación, la administración dispone hasta el 21 de agosto para formalizar sus alegatos. El caso perfila un precedente clave sobre los límites del poder ejecutivo frente al Congreso en la modificación de patrimonios e infraestructuras históricas del Estado.
