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WASHINGTON D.C. – El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, oficializó este jueves la firma de una ley bipartidista que pone fin a un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que se extendió por más de 10 semanas. Aunque el acuerdo garantiza la operatividad de áreas críticas como la seguridad aeroportuaria y la respuesta a emergencias, el conflicto político está lejos de terminar.
Un acuerdo con exclusiones clave La medida, aprobada previamente por el Congreso con el respaldo de ambos partidos, representa un repliegue estratégico del liderazgo republicano. Para lograr el consenso, se aceptó dejar fuera del presupuesto a las agencias más polémicas del sistema: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
El origen de la parálisis El cierre parcial, activo desde el pasado 14 de febrero, fue provocado por un boicot demócrata en protesta por la muerte de dos ciudadanos durante redadas migratorias en enero. Esta «concesión significativa» implica que las agencias responsables del control fronterizo y las deportaciones deberán esperar a una legislación separada para recibir fondos.
El pulso migratorio continúa A pesar de la reapertura administrativa, el debate sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes de ICE sigue siendo el punto de fricción.
Demócratas: Exigen controles estrictos, identificación obligatoria de agentes y límites a las detenciones.
Republicanos: Buscan expandir los recursos operativos y las capacidades de actuación en futuras negociaciones.
Con esta firma, la Casa Blanca asegura la continuidad de la protección de altos funcionarios y la seguridad nacional básica, pero traslada la «batalla por la frontera» a una nueva mesa de negociación que se prevé intensa en las próximas semanas.
