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Washington.– El Gobierno de Estados Unidos difundió este martes un nuevo registro de jurisdicciones denominadas «santuario», a las que pretende señalar y sancionar por, supuestamente, obstaculizar la aplicación de las leyes migratorias, esta actualización llega luego de retirar un listado anterior que incluía localidades que habían expresado públicamente su respaldo al expresidente Donald Trump.
El documento identifica a doce estados y el Distrito de Columbia, así como a cuatro condados y 18 ciudades que han aprobado medidas para limitar la cooperación de las autoridades locales con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), aunque el estado de California y varias de sus ciudades figuran en la relación, en esta ocasión no aparece el condado de Los Ángeles donde residen cerca de un millón de personas indocumentadas, aunque sí la ciudad homónima.
«Las políticas santuario entorpecen la aplicación de la ley y ponen en riesgo a los ciudadanos estadounidenses», declaró la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, en un comunicado acompañado de la lista.
Es la segunda vez que el Gobierno de Trump hace pública una lista de autoridades locales y estatales que, según la Casa Blanca, deben abandonar sus políticas proinmigrantes. La primera, divulgada el 29 de mayo por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluía a 36 de los 50 estados del país, sin embargo, la página oficial para publicitarla fue eliminada tras reclamos de ciudades como Huntington Beach (California), bastión republicano que desde el primer mandato de Trump lo ha respaldado.
El alcalde de Huntington Beach, Pat Burns, calificó como «negligente» que su ciudad fuera señalada como santuario y subrayó que, en enero pasado, su administración aprobó por unanimidad una declaración reafirmando la cooperación total con ICE.
Demandas y recortes
Bondi informó que su despacho ha interpuesto múltiples demandas contra estas jurisdicciones para hacer cumplir la ley federal, incluyendo una presentada el 24 de julio contra Nueva York. También mencionó que el alcalde de Louisville (Kentucky) acordó derogar una ordenanza de 2017 que limitaba la notificación a ICE a un máximo de 12 horas antes de liberar a inmigrantes bajo custodia.
Las jurisdicciones santuario alegan, en su mayoría, falta de recursos para colaborar con los arrestos de ICE. No es la primera vez que Trump emprende acciones contra estas políticas; durante su primer mandato suspendió fondos federales, aunque perdió la mayoría de las demandas judiciales.
Fuente: Departamento de Justicia de EE.UU. / Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
