Tribunal impone nuevas medidas de coerción a Adan Cáceres, Núñez de Aza y Rossy Guzmán

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Motivaciones de la jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas

Al tribunal analizar el cese de la prisión preventiva solicitada por las defensas, cuyo punto de controversia ha sido si el plazo dispuesto por el artículo 241.3 y 370.2 cpp, respecto a la duración máxima de la prisión preventiva, que conforme la norma debe cesar a los 18 meses.

En la especie, los imputados se le impuso medida el 05 de mayo 2021, a la fecha del día de hoy, la prisión preventiva ha superado los 18 meses. Es criterio de esta juzgadora que dicho plazo no se analiza de manera automática, de evaluarse el comportamiento procesal de los imputados y el comportamiento de las autoridades.

De los 18 meses de la prisión preventiva, 12 meses fueron agotado por el Estado (Ministerio Público) en la fase preparatorio o de investigación, y seis meses en la fase preliminar en la cual han operado 10 audiencias, siendo la primera fijada para el 15 de junio 2022, fecha desde la cual las defensas advirtieron al tribunal que los imputados privados de libertad no sé le permitía acceso a sus defensas ni a equipos electrónicos, aspecto que fue evaluado por el tribunal y se ordenó que los centro penitenciario permitan el acceso de equipos electrónicos o habiliten equipos electrónicos.

Sin embargo, hasta la fecha del 02 de septiembre, no se había subsanado el acceso a la prueba digital, en sentido general se retiene que la dilación para la instrucción de la audiencia preliminar no ha sido generada por los imputados, siendo procedente acoger el cese de la prisión preventiva por haber transcurrido el plazo sin que los imputados hayan generado dilaciones indebidas.

En otro orden, el tribunal decide imponer medidas de Coerción, puesto que lo que se ha hecho cesar es la prisión preventiva, siendo razonable e idóneo imponer otras medidas que garanticen la presencia de los imputados en el proceso toda vez que permanece latente el peligro de fuga, la libertad de los imputados a juicio de esta juzgadora si representa un peligro para el proceso y las pruebas, por lo que este tribunal impone estas medidas.

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