Tras el levantamiento del estado de emergencia, el Ministerio de Salud Pública adoptó la Resolución No. 000048, que entre otras medidas, exige la tarjeta de vacunación a la población mayor de 12 años para asistir a lugares públicos, privados y acceder a los distintos medios de transporte público.
Con esta medida, derechos como el libre tránsito, libertad de reunión y asociación estarán limitados por la presentación de un reporte de inoculación. Esta decisión, sin un estado de excepción de por medio, provoca un choque de derechos fundamentales, coincidieron expertos en derecho.
Falsificación de la tarjeta tendría una pena de 10 años de prisión
La falsificación de las tarjetas de vacunación, pruebas PCR para COVID-19 y permisos especiales del Ministerio de Salud Pública será sancionada con medidas de coerción que van desde los tres a 10 años de cárcel, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal Dominicano.
El Ministerio de Salud Pública emitió este viernes la resolución MSP 000048, que contiene las medidas dispuestas, ante el levantamiento del estado de emergencia, para evitar la propagación del coronavirus.
En la citada resolución, el Ministerio informa que “la falsificación de las tarjetas de vacunación, las pruebas PCR para COVID-19 y los permisos especiales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) exigidos en el presente artículo podrá ser perseguida y sancionada de conformidad con las disposiciones del Código Penal de la República Dominicana”.
