Tras la revelación periodística que expuso cómo uno de cada cuatro legisladores mantiene a parientes contratados en el Congreso Nacional, las máximas autoridades de ambas cámaras ofrecieron respuestas evasivas frente a los cuestionamientos de la prensa.
Por un lado, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, admitió que el órgano legislativo se encuentra «analizando y discutiendo» la presencia de familiares en las nóminas públicas. Sin embargo, el legislador no precisó plazos, protocolos ni posibles sanciones administrativas, limitándose a desvincularse personalmente de dicha práctica.
Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, rehusó fijar posición o responder a las preguntas sobre las contrataciones en la Cámara Baja, durante un evento institucional del Tribunal Constitucional.
La controversia surge tras un levantamiento de Diario Libre que identificó a 65 familiares de 59 congresistas cobrando en conjunto cerca de 2.7 millones de pesos mensuales. La práctica se ampara en un vacío legal, ya que la Ley 41-08 de Función Pública excluye de sus restricciones de nepotismo a las autoridades de elección popular.