TV ONLINE
SANTO DOMINGO.— Con el objetivo de optimizar la efectividad en las primeras horas de investigación ante hechos delictivos complejos, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República desarrollaron el conversatorio especializado “Segundos que Salvan Vidas”, una jornada orientada a fortalecer la respuesta operativa en casos de desapariciones, tráfico de migrantes y trata de personas.
La actividad, celebrada en las instalaciones del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), reunió a oficiales de grado, posgrado y cadetes de término, quienes recibieron herramientas teóricas y prácticas impartidas por especialistas nacionales e internacionales del ámbito judicial, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM).
Ejes y herramientas clave
Durante el encuentro se abordaron los protocolos del primer respondiente, la valoración de riesgos y las técnicas para diferenciar las modalidades de explotación criminal. Entre los temas centrales figuró la implementación operativa de la Ley No. 25-26, normativa que regula el Sistema Nacional de Alertas (AlertaRD).
Las ponencias destacaron la correcta activación de sus mecanismos de búsqueda inmediata:
Alerta AmberRD: Diseñada para la localización expedita de menores de edad.
Alerta Rosa: Orientada a la protección y búsqueda de mujeres en situación de vulnerabilidad.
Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU): Protocolo de respuesta rápida interinstitucional.
Coordinación y compromiso institucional
La moderación del encuentro estuvo a cargo de la magistrada Danissa Cruz, en representación de la Procuraduría General de la República, contando con las intervenciones de la magistrada Johana Bejarán (PETT), la coronel Francia Hernández (DICRIM), Lissette Reyes (UNODC), así como de la vicerrectora académica del IPES, coronel Aida María Valdez Liranzo.
Al cierre de la jornada, a los participantes se les hizo entrega de una guía práctica con las líneas de denuncia directas y los protocolos de articulación entre la Policía y el Ministerio Público, reafirmando el compromiso del cuerpo del orden con la preservación de los derechos humanos y la persecución del crimen organizado.
