SANTO DOMINGO.— La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección General de Migración (DGM) ejecutaron la remoción de 56,140 alertas e impedimentos de salida del sistema migratorio nacional, cumpliendo con cuatro años de postergación respecto a los compromisos institucionales asumidos en 2021 y los mandatos fijados por el Tribunal Constitucional (TC).
La medida impacta registros acumulados entre los años 1990 y 2026 que carecían de sustentación judicial, presentaban duplicidades o respondían a procesos legales cuyo objeto procesal ya había caducado.
Antecedentes y jurisprudencia del Tribunal Constitucional
Pese a que la gestión ministerial prometió en 2021 la eliminación de las «alertas administrativas» tras incidentes de alto perfil público como la retención del exprocurador Jean Alain Rodríguez previa a la emisión de una orden judicial, miles de restricciones administrativas continuaron operando en la base de datos de la DGM.
Posteriormente, la sentencia TC/0338/22 del Tribunal Constitucional ratificó la ilegalidad de restringir el libre tránsito de los ciudadanos sin una orden emitida por un juez competente. Este criterio jurisprudencial fue reconfirmado en la sentencia TC/1186/25 de noviembre de 2025, al declarar inconstitucionales las restricciones de salida basadas en prescripciones administrativas del Código Tributario.
Adecuación del sistema y depuración técnica
La depuración actual responde a un requerimiento formal realizado por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, al director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, para priorizar la anulación de fichas sin sustento legal, registros históricos no individualizados y casos fenecidos.
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La comisión técnica interinstitucional determinó que las bases de datos presentaron décadas de rezago en la actualización de oficio, manteniendo vigentes controles que vulneraban el derecho constitucional a la libre circulación.
