LIBERTAD DE EXPRESIÓN SÍ, IMPUNIDAD DE LA MENTIRA NO

Por Margarita Feliciano

La democracia necesita una prensa libre, una ciudadanía informada y una comunicación responsable. Lo que no necesita es que el escándalo sustituya la verdad ni que la difamación se disfrace de libertad de expresión.

En los últimos años, el Gobierno ha contribuido a transformar la comunicación dominicana en un negocio altamente rentable mediante cuantiosas inversiones publicitarias. Esto ha fortalecido a un grupo de influencers y comunicadores cuya influencia muchas veces se mide más por el alcance de sus plataformas que por su preparación, ética o compromiso con la verdad. Mientras tanto, periodistas y profesionales con trayectoria, respeto y credibilidad han quedado relegados frente a un modelo que premia el ruido por encima del contenido.

No apoyo una ley mordaza. Nadie debe ser silenciado por pensar diferente o por ejercer una crítica legítima al poder. La libertad de expresión es un derecho irrenunciable y una conquista democrática que debemos proteger.

Sin embargo, tampoco podemos aceptar que, bajo el amparo de esa libertad, algunos conviertan un micrófono o una red social en un tribunal donde se condena moralmente a ciudadanos sin pruebas, con rumores, historias fabricadas o acusaciones irresponsables. Cuando una mentira se repite ante cientos de miles de seguidores, deja de ser un simple comentario y se convierte en un daño real para la honra, la familia, el trabajo y la vida de una persona.

Más preocupante aún es cuando ese modelo de comunicación termina alimentando una cultura donde el morbo, el irrespeto y el descrédito generan beneficios económicos, influencia y poder. En ocasiones, la difamación deja de ser un exceso para convertirse en un mecanismo de presión, chantaje o negociación. Esa realidad no fortalece la democracia; la degrada.

La República Dominicana no necesita una ley para callar voces. Necesita una legislación moderna que establezca responsabilidades claras para quienes, de manera deliberada, difamen, manipulen información o destruyan reputaciones sin pruebas. Poner límites al abuso no es censurar; es proteger derechos fundamentales.

La libertad de expresión y el derecho al honor no son enemigos. Ambos pueden y deben coexistir. Una democracia madura protege la crítica, pero también protege la dignidad de sus ciudadanos. Porque la verdad nunca debe temer al debate, pero la mentira jamás puede convertirse en un negocio amparado por el silencio de las instituciones.