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Las muertes a manos de la Policía Nacional crecen un 16.4 % en el primer semestre del año, en medio de fuertes denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
Santo Domingo. – Las muertes de civiles a manos de agentes de la Policía Nacional, bajo el argumento oficial de «intercambios de disparos», han registrado un marcado repunte en la República Dominicana durante los primeros seis meses de 2026.
De acuerdo con las estadísticas oficiales computadas hasta el 26 de junio, las muertes tipificadas como «acción legal» alcanzaron los 142 fallecidos, lo que representa un incremento del 16.4 % en comparación con los 122 casos registrados en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, la cifra real ya asciende a al menos 146 víctimas mortales tras un reciente operativo el pasado fin de semana en el que cayeron abatidos cuatro presuntos miembros de la banda delictiva «Los Chucky de Los Frailes».
Una tendencia al alza en los últimos meses
Los informes de criminalidad de la institución del orden muestran una curva ascendente y acelerada en el uso de la fuerza letal conforme avanza el año:
Enero: 19 casos
Febrero: 17 casos
Marzo: 21 casos
Aparil: 25 casos
Mayo: 35 casos (el mes con mayor actividad letal)
El ritmo se intensificó drásticamente en las últimas seis semanas del semestre, periodo en el que se sumaron 49 nuevas muertes a la lista, encendiendo las alarmas sobre los métodos aplicados en la estrategia de seguridad ciudadana.
Bajo la sombra de las «ejecuciones extrajudiciales»
Este incremento en las cifras coincide con una creciente ola de cuestionamientos y desconfianza por parte de la sociedad. Varios materiales audiovisuales difundidos en redes sociales han puesto en entredicho las versiones policiales de «enfrentamientos».
Entre los casos más notorios destaca un video grabado en La Vega, donde se observa a uniformados disparar contra un hombre que mantenía las manos en alto en señal de rendición, para luego arrastrar su cuerpo por un callejón. Otro incidente en abril captó a un agente abriendo fuego contra un prófugo haitiano que no representaba un peligro inminente para la patrulla.
Interior y Policía pide respetar los procesos
Al ser interpelada sobre la lentitud en las pesquisas de estos incidentes, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, evitó fijar plazos y enfatizó que la responsabilidad final de establecer las consecuencias penales recae sobre el Ministerio Público.
«Tenemos que respetar los procesos. Hay que analizar los videos, reconstruir la secuencia de los hechos y establecer cuál fue la actuación de cada agente. Lo importante es que respondan quienes realmente sean responsables», declaró la funcionaria.
