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SANTO DOMINGO.— Con el cumplimiento del plazo de 12 meses establecido en la Ley 74-25, la República Dominicana inició este lunes 3 de agosto la aplicación de su nuevo Código Penal. La normativa deja sin efecto la legislación de 1884 y dota al sistema de justicia de un marco jurídico actualizado que tipifica decenas de nuevos delitos e incrementa sustancialmente el régimen de sanciones.
La entrada en vigor se produce de manera firme tras la ratificación del presidente Luis Abinader de no aplazar su aplicación, poniendo fin a un proceso legislativo que se extendió por casi tres décadas entre debates, observaciones y proyectos perimidos.
Cúmulo de penas y nuevas figuras delictivas
El texto legal introduce transformaciones profundas en la persecución del crimen, elevando las condenas máximas a 40 años de prisión y contemplando un cúmulo de penas que, bajo circunstancias específicas, puede alcanzar los 60 años de cárcel.
Entre la tipificación de nuevos delitos que no figuraban en el código decimonónico destacan:
Feminicidio, sicariato y tortura.
Ciberacoso, hostigamiento digital y estafas piramidales.
Ataques con ácido del diablo y violencia patrimonial.
Reclutamiento de menores para el crimen y autosecuestro.
Crímenes de lesa humanidad y experimentación biomédica ilícita.
Ajustes de última hora y defensa del Congreso
Semanas antes de su aplicación, la pieza legislativa fue objeto de modificaciones puntuales para corregir artículos que sectores de la sociedad civil y la prensa señalaron como riesgosos para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
A pesar de las críticas que tildaron de apresuradas las ultimas reformas, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, defendió el proceso al recordar que la ley fue debatida por más de dos décadas en las cámaras legislativas.
Con la puesta en marcha de la Ley 74-25, la República Dominicana inicia una nueva era en su administración de justicia, a la espera de que el Tribunal Constitucional conozca diversos recursos que podrían fijar jurisprudencia sobre aspectos específicos de la normativa.
