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El Ministerio Público califica la sentencia como una «victoria ejemplar» tras una maratónica audiencia de 12 horas que dejó 29 condenas, multas millonarias y la absolución de seis implicados.
SANTO DOMINGO. – En la madrugada de este martes, el sistema judicial dominicano dictó una sentencia calificada como «histórica» por las autoridades. El Tribunal Colegiado del Distrito Nacional impuso la pena máxima de 20 años de prisión a Adán Cáceres Silvestre (exdirector del Cusep), Juan Carlos Torres Robiou (exdirector del Cestur) y Rafael Núñez de Aza, tras hallarlos culpables de corrupción administrativa, desfalco contra el Estado, lavado de activos y asociación de malhechores.
Además de los 20 años de cárcel, los tres principales cabecillas de la red de corrupción deberán pagar una multa equivalente a 400 salarios mínimos, entre otras sanciones accesorias. El tribunal determinó que, valiéndose de sus funciones públicas, los encartados estructuraron un entramado para enriquecerse ilícitamente a costa de los fondos estatales.
Una victoria para la persecución de la corrupción Tras concluir una maratónica sesión judicial que se extendió por casi 12 horas, el procurador adjunto y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, manifestó que este fallo representa un firme espaldarazo a la rigurosidad de las investigaciones realizadas por su equipo.
«Esta sentencia es un reconocimiento al trabajo del Ministerio Público y a la fortaleza de la investigación», afirmó Camacho, destacando que el proceso culminó con un saldo ejemplar de 29 personas condenadas. Para el magistrado, la decisión envía un mensaje contundente: «Esperamos que los tribunales sigan enviando señales de esta naturaleza que nos permitan seguir empujando la frontera de la impunidad».
Cómplices y penas suspendidas El tribunal también distribuyó penas severas a otros miembros clave de la estructura criminal, entre los que destacan:
Julio Camilo de los Santos Viola y Rossy Guzmán («la Pastora»): Condenados a 15 años de prisión y 400 salarios mínimos.
Esmeralda Ortega Polanco, José Manuel Rosario Pirón, Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores y Kelman Santana Martínez: Sentenciados a 10 años de cárcel con multas que oscilan entre los 200 y 300 salarios mínimos.
Por otra parte, siete de los coimputados recibieron penas suspendidas de entre 3 y 5 años, acompañadas de sanciones económicas.
El caso de Raúl Alejandro Girón Jiménez, considerado el testigo clave y principal del Ministerio Público, tuvo un matiz particular: fue sentenciado a 5 años de prisión, pero el tribunal declaró la pena como cumplida debido al tiempo que ya ha permanecido bajo el proceso judicial.
No todos los señalados fueron declarados culpables. El tribunal dictó el descargo y la absolución de seis personas, entre ellas Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la pastora Rossy Guzmán), Manuel de Jesús Alba Solano, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Santiago Antonio Suárez Peguero, Miguel Ventura Pichardo y Erick Daniel Pereyra Núñez. Asimismo, la entidad jurídica Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo fue absuelta de responsabilidad penal.
Con este veredicto de primera instancia se cierra uno de los capítulos más complejos y mediáticos de la lucha contra la corrupción administrativa en los cuerpos especializados de seguridad del país.
