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El auto de apertura a juicio por la tragedia que dejó 236 muertos activa un embargo de 500 millones de pesos que alcanza a familiares y empresas sin acusación penal.
SANTO DOMINGO. – El fatídico colapso de la discoteca Jet Set Club, que hace 14 meses cobró la vida de 236 personas y dejó un centenar de heridos, entra en una nueva y agresiva fase judicial. El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó el auto de apertura a juicio contra los administradores del establecimiento, pero el verdadero impacto inmediato de la resolución de 159 páginas radica en un cerco financiero sin precedentes.
El juez Reymundo Antonio Mejía autorizó embargos conservatorios e hipotecas judiciales por un monto de hasta 500 millones de pesos. Lo llamativo de la medida es su alcance expansivo: las restricciones económicas no solo afectan a los principales imputados, sino que se extienden a familiares directos y corporaciones que no enfrentan cargos penales.
Homicidio involuntario y negligencia gerencial En el plano penal, el tribunal envió a juicio de fondo a los hermanos Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Bera. Ambos enfrentan cargos por homicidio y heridas involuntarias a causa de imprudencia, negligencia e inobservancia de los reglamentos.
Según la acusación, la gerencia operaba con plena conciencia del deterioro estructural del edificio (un antiguo cine en la avenida Independencia). Se les señala por haber tolerado la remoción de columnas clave y la sobrecarga de aires acondicionados en un techo debilitado. Además, la Fiscalía sostiene que la noche del siniestro, tras ser alertados de la caída de un plafón sobre un cliente, los administradores decidieron continuar con el evento.
El «brazo largo» de la responsabilidad civil La resolución judicial ha causado revuelo en el ámbito legal al incluir bajo la figura de «terceras civilmente demandadas» a:
Ana Grecia López: Madre de los acusados y fundadora de la discoteca en 1973 a través de la sociedad Inversiones E y L S.R.L.
Evelyn Espaillat: Hermana del acusado principal.
Aunque ninguna de las dos comparte la imputación penal ni la Fiscalía solicitó acciones en su contra, el tribunal determinó que sus vínculos societarios y sus actuaciones en el proceso bastan para asegurar preventivamente sus activos. La meta es clara: garantizar los fondos ante una eventual indemnización millonaria a las víctimas.
Imperio empresarial bajo la lupa El blindaje económico ordenado por el tribunal trasciende la operadora directa del Jet Set. Las medidas de embargo congelan de manera preventiva bienes, activos y valores de tres reconocidas empresas del entorno corporativo de los Espaillat:
Radiocadena Comercial S.R.L.
Difusora Hemisferio S.R.L.
Inversiones CCEP-2 S.A.
Aunque el auto de apertura no detalla un nexo causal directo entre estas empresas y el derrumbe, el juez validó la suficiencia del vínculo comercial para integrarlas en la garantía patrimonial. Por el contrario, el tribunal declaró inadmisibles las demandas civiles interpuestas contra el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Ministerio de Obras Públicas, aclarando que la presunta responsabilidad estatal debe dirimirse en la jurisdicción contencioso-administrativa.
Lo que sigue en el juicio de fondo Con un plazo de cinco días para que las partes comparezcan ante el tribunal correspondiente, el caso Jet Set se perfila como un debate técnico de alta complejidad. En el juicio definitivo no solo se juzgará la culpabilidad penal de los hermanos Espaillat; la defensa llevará al estrado sus propios peritajes que apuntan a causas distintas sobre el colapso estructural para intentar desmontar tanto la acusación criminal como el masivo embargo que hoy asfixia al patrimonio familiar.
