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La crisis de seguridad en Haití ha alcanzado un nuevo y alarmante nivel. James Boyard, director de gabinete del Ministerio de Defensa, inspector general de la Policía Nacional y una de las figuras más respetadas en materia de seguridad y politología en el país, fue secuestrado por un comando armado. El hecho, confirmado este sábado por fuentes bajo condición de anonimato, representa el rapto del funcionario de mayor rango en la historia reciente de la nación caribeña.
El incidente tuvo lugar el pasado jueves en Bourdon, un sector de Puerto Príncipe que hasta ahora era considerado uno de los pocos refugios seguros frente a la ola de violencia que azota a la capital, la cual se encuentra controlada en casi un 70% por la coalición criminal Viv Ansanm (catalogada como organización terrorista por EE. UU.).
Falsos policías y fallas de seguridad: El modus operandi
Boyard, quien lideraba los esfuerzos para la reconstrucción de las Fuerzas Armadas y la reforma institucional de la Policía Nacional, contaba con un robusto esquema de protección. Por ello, expertos como Diego Da Rin, analista del International Crisis Group, sugieren que el crimen requirió una planificación meticulosa o, incluso, la complicidad interna de personas cercanas a su círculo de seguridad.
Da Rin advirtió que las bandas armadas han sofisticado sus tácticas:
Operativos falsos: Utilizan uniformes policiales clonados para interceptar vehículos en zonas antes seguras.
Objetivos estratégicos: Han incrementado el secuestro de funcionarios públicos y ciudadanos con doble nacionalidad para exigir rescates millonarios y presionar a las autoridades.
Se sospecha que algunas de las víctimas recientes, incluido potencialmente Boyard, podrían haber sido trasladadas a «Villa de Dios», un bastión criminal controlado por la peligrosa pandilla 5 Segundos, liderada por Johnson André, alias «Izo».
El panorama de los secuestros en Haití
A pesar de que los informes de la ONU mostraron una reducción del 40% en los secuestros durante el año anterior (pasando de 2,058 casos a 1,268), la violencia no da tregua. Solo entre diciembre y febrero pasados se reportaron al menos 267 secuestros, evidenciando que el riesgo sigue latente y que las pandillas ahora apuntan a las esferas más altas del Gobierno para disuadir cualquier intervención en sus territorios. Hasta el momento, se desconoce el paradero de Boyard y si se ha realizado alguna exigencia económica para su liberación.
