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A pesar de que las energías renovables ya representan más del 25% de la generación eléctrica en la República Dominicana, el sector enfrenta un crecimiento agridulce. El dinamismo en la instalación de proyectos tropieza ahora con dos muros críticos: las limitaciones operativas de la red nacional y la falta de un marco regulatorio para el uso de baterías de almacenamiento.
El reflejo más alarmante de esta situación quedó en evidencia durante el Seminario Jurídico 2026 de la Cámara de Comercio e Inversión Franco-Dominicana (CCIFD). Según datos del Organismo Coordinador (OC), el 14% de la energía renovable generada entre enero y abril de este año no pudo ser inyectada al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).
«Curtailment»: El fenómeno que golpea las finanzas de los proyectos
Este desperdicio técnico, técnicamente conocido como curtailment o vertimiento, ocurre cuando el operador de la red ordena recortar la producción de las plantas (especialmente solares) debido a la congestión de las líneas de transmisión, exceso de oferta momentánea o mantenimientos.
Esta restricción está pasando una factura muy alta a las empresas del sector. Durante el panel sobre regulación energética, Alexandra Gärtner Mota, vicepresidenta legal y corporativa de Martí, advirtió sobre el impacto financiero real:
«Estamos viviendo proyectos que se concibieron hace varios años que no tenían previsto una situación de curtailment, y donde los ingresos que están recibiendo actualmente ni siquiera alcanzan para pagar el financiamiento del banco».
Este escenario no solo debilita los proyectos actuales, sino que enciende las alarmas para la captación de nuevas inversiones extranjeras y la bancarización de futuros parques energéticos.
Las baterías: La solución que espera por reglas claras
Para los expertos, la solución definitiva para mitigar el vertimiento y gestionar la intermitencia de la energía solar y eólica es el almacenamiento a gran escala. Sin embargo, la tecnología avanza más rápido que las leyes.
Ophélie Laine, Chief Operating Officer de Akuo Energy RD, enfatizó que las baterías han dejado de ser un lujo complementario para convertirse en una necesidad urgente. El gran reto actual es que el país carece de un marco normativo específico que defina cómo se van a integrar estas baterías al SENI y, sobre todo, bajo qué esquema económico se va a remunerar a las empresas que inviertan en ellas.
Un debate clave para el desarrollo empresarial
El análisis formó parte del panel «Regulación energética, costos y competitividad», un espacio del seminario de la CCIFD que buscó tender puentes entre el sector público y privado. El evento contó con la presencia de figuras clave como el superintendente de Electricidad, Andrés Astacio, y el ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón, quienes evaluaron los desafíos regulatorios que frenan la competitividad del clima de negocios en el país.
