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Las autoridades federales de Estados Unidos asestaron un duro golpe a una de las mayores estructuras de fraude migratorio en la historia del país. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York acusó a 11 personas de integrar una red internacional que, durante un periodo de diez años, habría coordinado más de un millar de matrimonios simulados para facilitar la obtención de la residencia permanente (Green Card) a ciudadanos extranjeros, principalmente procedentes de China.
De acuerdo con la investigación liderada por el FBI y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la organización funcionaba desde 2016 con base en Nueva York, extendiendo sus operaciones a estados como Florida, Massachusetts, Georgia y Pensilvania, e incluso conectando contactos en países como China y Vanuatu. Diez de los imputados ya fueron detenidos tras una serie de allanamientos en Brooklyn, Queens y Staten Island.
Un esquema millonario y estructurado
El modus operandi de la red abarcaba desde la captación de clientes hasta la falsificación de pruebas para engañar a los oficiales de inmigración:
Estructura de cobros y pagos: Los ciudadanos extranjeros llegaban a pagar hasta 100.000 dólares por el paquete completo hacia la residencia. Por su parte, los ciudadanos estadounidenses reclutados para casarse recibían hasta 30.000 dólares en pagos escalonados, mientras que los intermediarios cobraban comisiones de 5.000 dólares por persona incorporada.
Simulación de vida en pareja: Tras realizar ceremonias express, la organización fabricaba evidencias como cuentas bancarias compartidas, contratos de servicios, impuestos conjuntos, fotos de boda y pólizas de seguro.
Entrenamiento para entrevistas: Los integrantes de la red instruían a los participantes sobre cómo mentir e interactuar durante las evaluaciones oficiales con los agentes de USCIS.
Las autoridades estiman que el entramado acumuló decenas de millones de dólares a lo largo de una década. Los acusados enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude matrimonial y migratorio, así como por fomentar la permanencia ilegal de extranjeros, delitos que conllevan penas de hasta cinco y diez años de prisión, respectivamente.
