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El Gobierno de Estados Unidos ha tomado una medida drástica en su política de seguridad hacia Sudamérica. A partir del próximo 5 de junio de 2026, las dos mayores organizaciones criminales de Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), serán oficialmente incorporadas a la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).
El Departamento de Estado de EE. UU. justificó la decisión señalando el rol de ambas estructuras en la ejecución de «ataques brutales contra agentes policiales, funcionarios públicos y civiles». Con esta catalogación, las bandas brasileñas entran al mismo estatus restrictivo que Washington ya aplica a redes globales y a poderosos carteles transnacionales como los mexicanos Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Mara Salvatrucha (MS-13) o el Tren de Aragua.
La oficialización de esta medida se produce apenas 48 horas después de una reunión clave en la Casa Blanca. El senador conservador y actual candidato presidencial brasileño, Flávio Bolsonaro, solicitó directamente la declaración al mandatario estadounidense, Donald Trump, bajo el argumento de que ambas mafias operan bajo dinámicas «narcoterroristas».
Este movimiento agita con fuerza el tablero político en Brasil de cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2026. Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ha construido su plataforma electoral bajo una promesa de mano dura contra el crimen organizado.
La medida ha profundizado las diferencias entre Washington y Brasilia. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha opuesto abiertamente a que el PCC y el Comando Vermelho reciban el rótulo de grupos terroristas por parte de una potencia extranjera. Desde la óptica del gobierno del mandatario izquierdista, este tipo de designaciones unilaterales abre una puerta peligrosa que podría ser utilizada en el futuro para justificar una intervención militar estadounidense en territorio soberano.
El PCC y el Comando Vermelho, surgidos en la década de 1970 en los sistemas penitenciarios, cuentan hoy con redes de apoyo y decenas de miles de miembros operativos. Al ser declarados formalmente como grupos terroristas por EE. UU., se activarán bloqueos inmediatos a sus redes de financiamiento internacional, se congelarán posibles activos bajo jurisdicción norteamericana y se limitará la movilidad transnacional de sus integrantes.
