Fuerza del Pueblo denuncia que la «mano dura» del Gobierno evidencia el fracaso en seguridad ciudadana

Janet Báez
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SANTO DOMINGO.– La Fuerza del Pueblo (FP) lanzó una dura crítica contra las políticas de seguridad del oficialismo, asegurando que el recurso recurrente a la «mano dura» por parte de las autoridades de la Policía Nacional es la prueba del colapso de la estrategia gubernamental.

En rueda de prensa encabezada por Josefina Reynoso, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del partido opositor, la organización reveló que sus registros contabilizan 1,152 fallecidos en intervenciones policiales catalogadas formalmente como intercambios de disparos o acciones legales en el periodo comprendido entre 2020 y octubre de 2026.

Alza en muertes por uso de la fuerza letal

Desde la Secretaría de Seguridad de la FP cuestionaron la coherencia del discurso oficial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que sostiene una baja en la criminalidad mientras aumentan los letales operativos policiales. De acuerdo con los datos presentados por la entidad:

  • 2024: Se registraron 226 muertes en intervenciones de las fuerzas de orden.
  • 2025: La cifra alcanzó los 214 decesos.
  • Lo que va de 2026: Ya se reportan aproximadamente 236 fallecidos.

Reynoso enfatizó que si bien los agentes tienen derecho a defender sus vidas, el uso de la fuerza letal por parte del Estado debe estar estrictamente ceñido a la legalidad, la proporcionalidad y el debido proceso, recordando que ningún organismo estatal está facultado para aplicar la pena de muerte de manera sumaria.

Cuestionamiento a la tasa de homicidios y órdenes de arresto pendientes

La dirigencia opositora puso en duda las cifras presentadas por el Gobierno, señalando discrepancias en el subregistro de víctimas. Frente a la tasa oficial de 7.36 homicidios por cada 100,000 habitantes, la Fuerza del Pueblo sostiene que sus proyecciones anualizadas colocan el indicador real en 11.8.

Asimismo, la representación política expuso deficiencias en el sistema de persecución penal, citando la existencia de 53,877 órdenes de arresto pendientes, de las cuales:

  • 17,635 corresponden a casos de violencia intrafamiliar.
  • 2,681 están vinculadas a procesos por homicidio.

Exigencia de transparencia y propuesta de pacto

El informe de la FP advirtió además sobre el registro de más de 416 feminicidios ocurridos entre 2020 y 2026, exigiendo al Gobierno una auditoría clara sobre el destino y la efectividad de los recursos invertidos en los planes de seguridad.

Ante este panorama, la dirigencia política reiteró el llamado del expresidente Leonel Fernández para concertar un diálogo nacional que permita estructurar una política pública de seguridad integral enfocada en la prevención, el uso de tecnología, la investigación criminal y el respeto a los derechos fundamentales.

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