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Santo Domingo. – En una decisión de alto impacto para el sector inmobiliario y el ordenamiento territorial de la capital, la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) declaró nulos los certificados de uso de suelo y de no objeción otorgados al proyecto Everest Tower, ubicado en el exclusivo sector de Piantini.
El tribunal falló a favor de un recurso contencioso administrativo presentado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), determinando que las autorizaciones emitidas violentaron las directrices de la Resolución Municipal 94-98 y la Ordenanza 9/2019 sobre el Plan de Ordenamiento Territorial de la capital.
Según consta en la sentencia núm. 0030-1642-2026-SSEN-00280, emitida el pasado 9 de julio de 2026, la alteración de los parámetros normativos de altura, densidad y retiros por parte del proyecto vulnera de forma directa el interés público.
De 64 apartamentos a una torre con helipuerto: los cambios desestimados
El análisis judicial reveló que las renovaciones de los permisos permitieron una reestructuración radical del plan original sin sustento legal. Lo que inicialmente se concibió como un edificio residencial de 64 apartamentos mutó en un complejo de alta densidad que contemplaba:
238 suites bajo la modalidad de condominio-hotel.
Múltiples restaurantes, oficinas, salones de eventos y áreas de servicios.
Un helipuerto sobre la azotea y una altura de 22 niveles sobre rasante (más mezzanine).
Esta modificación elevó la intensidad de ocupación a unos 3,763 habitantes por hectárea, una cifra que sobrepasa con creces los límites permitidos para las vías terciarias de la zona.
Asimismo, los jueces verificaron que los linderos laterales y posteriores no respetaban el retiro mínimo de cuatro metros, comprometiendo aspectos esenciales como la ventilación, privacidad y seguridad del entorno urbano. Sobre el helipuerto, el fallo aclaró que cualquier aval técnico de aviación civil no exime ni sustituye la obligatoria aprobación urbanística del gobierno municipal.
Respaldo a los reclamos comunitarios
La obra había desencadenado una fuerte resistencia entre los residentes de Piantini. A través de la Junta de Vecinos del sector, los munícipes habían elevado diversas denuncias advirtiendo que la operación de una infraestructura de esa magnitud agravaría el ya congestionado tránsito local y deterioraría la calidad de vida en el área.
Al acoger el recurso del cabildo capitalino, el TSA reafirmó que la tutela del interés colectivo en el ámbito urbano exige el fiel cumplimiento de las normas de movilidad, la sostenibilidad ambiental y la seguridad jurídica territorial.
