SANTO DOMINGO.— La Corte de Apelación de Puerto Plata revocó el perdón judicial concedido al pelotero de Grandes Ligas Wander Franco y dictó en su lugar una condena de tres años de prisión con ejecución suspendida, tras hallarlo culpable de abuso sexual y psicológico contra una adolescente.
La resolución judicial determina que Franco no ingresará inmediatamente a prisión, sino que quedará sujeto al cumplimiento estricto de las condiciones e instrucciones que disponga el Juez de la Ejecución de la Pena. El desacato a estas obligaciones provocaría la revocación del beneficio procesal y su posterior traslado al Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe.
En la misma sentencia, el tribunal ratificó la condena de diez años de reclusión impuesta a Martha Vanessa Chevalier, madre de la víctima, penalizada por explotación sexual comercial y lavado de activos.
Deliberación jurídica y recursos pendientes
El fallo de la alzada responde a la impugnación sometida por el Ministerio Público contra la sentencia emitida en mayo de 2026. En esa instancia, aunque el tribunal ponderó pruebas suficientes para declarar la responsabilidad penal, aplicó el perdón judicial atendiendo a que el atleta fue también víctima de extorsión y chantaje por parte de la madre de la menor.
A pesar de que los jueces no acogieron la solicitud fiscal de imponer cinco años de prisión efectiva, el representante del Ministerio Público, José Martínez Montán, valoró la eliminación del perdón e indicó que analizarán el texto íntegro para definir si acudirán en casación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Las defensas de Franco y Chevalier también cuentan con la prerrogativa legal de interponer dicho recurso.
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Implicaciones laborales y migratorias en la MLB
La ratificación de la condena complejiza la situación profesional del jugador de 25 años con su organización, los Rays de Tampa Bay, y la Major League Baseball (MLB). Franco permanece en la lista restringida de la liga sin goce de sueldo desde julio de 2024, al tiempo que la Oficina del Comisionado mantiene abierta una investigación independiente bajo la política conjunta contra el abuso infantil.
Adicionalmente, la condena por delitos que atentan contra la moral pública representa un severo obstáculo migratorio que podría impedir la tramitación o renovación de visados de trabajo para ingresar al territorio estadounidense.
