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Por: Jenny Javier
El agua es un recurso vital para la vida y el desarrollo de las naciones, por lo que su gestión y acceso representan un tema de interés social, político y ambiental, en la República Dominicana, el debate sobre la creación de un nuevo marco legislativo que regule su uso ha reavivado las discusiones sobre la posibilidad de privatizar este bien natural, algo que ha generado preocupación en distintos sectores.
La Fuerza del Pueblo (FP) reiteró que el agua está consagrada en la Constitución como un elemento “inalienable, imprescriptible e inembargable”, razón por la cual “no puede venderse ni cederse en propiedad” con esta posición, el partido opositor pidió al Congreso Nacional que en la nueva reforma legislativa se evite cualquier intento de privatización del recurso.
Durante una rueda de prensa, la FP expresó su respaldo a la aprobación de un proyecto de ley que actualice el marco regulatorio aplicado en el país para ordenar el uso del agua, la organización política considera necesaria la creación del Código de Aguas, con el fin de resolver los conflictos generados por el aprovechamiento del recurso en actividades económicas.
El Subgabinete Agroalimentario y Ambiental de la FP exhortó a los legisladores a no incluir en los artículos de la reforma disposiciones que avalen la privatización, en ese sentido, el secretario de Medio Ambiente de la FP, Paino Abreu Collado, recordó que el artículo 15 de la Constitución identifica el agua como patrimonio nacional y establece que el “consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso”.
Abreu Collado recomendó que la nueva legislación se elabore en consonancia con la Ley General 64-00, que otorga al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) la responsabilidad de captar, proteger y garantizar el tratamiento adecuado del agua, así como la conservación de suelos y cauces.
“El agua es un recurso limitado y solo funciona como recurso renovable si está bien gestionado, lo cual lamentablemente no está sucediendo en el país”, afirmó el dirigente político, al denunciar la mala administración del recurso durante el Gobierno de Luis Abinader.
Según el equipo técnico de la FP, la deficiencia en la gestión hídrica actual ha provocado la degradación de cuencas y microcuencas, así como un deterioro acelerado de ríos, arroyos y lagunas, los cuales están siendo afectados por actividades ilegales que no son detenidas a tiempo por las autoridades.
Finalmente, Abreu Collado llamó al Poder Ejecutivo a asumir su responsabilidad de garantizar un suministro seguro de agua para la población y los sistemas de producción, evitando que este bien esencial se convierta en un foco de enfermedades.
“La Fuerza del Pueblo entiende que la seguridad hídrica es una prioridad nacional y, por ende, una de las primeras responsabilidades del Estado frente a la sociedad”, concluyó el vocero.
