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SANTO DOMINGO, R.D. — La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtió que el Tribunal Superior Electoral (TSE) debió asumir el conocimiento del recurso presentado contra el reglamento de la Junta Central Electoral (JCE) que restringe la publicación de encuestas fuera de los periodos de precampaña.
A juicio de la entidad, la decisión de la corte electoral de inhibirse y remitir el expediente al Tribunal Constitucional (TC) debilita la jurisdicción especializada contencioso-electoral y desnaturaliza el rol protector de la máxima alta corte del país.
«Convertir al Tribunal Constitucional en el destinatario natural de cualquier impugnación contra un reglamento administrativo implica desnaturalizar su función y alterar el equilibrio diseñado por el constituyente», sostuvo Finjus mediante un comunicado público.
Debate sobre la competencia y el exceso reglamentario
El conflicto jurídico surge tras una acción interpuesta por la entidad Justicia Sin Fronteras contra el artículo 13 de la Resolución 14-2026 de la JCE, el cual fija el procedimiento para registrar firmas encuestadoras y divulgar sondeos. El TSE declinó conocer el caso bajo el argumento de que se trataba de un control concentrado de constitucionalidad, decisión que contó con el voto disidente de la jueza Rafaelina Peralta Arias, quien defendió la competencia del órgano electoral.
Al respecto, Finjus recordó que la mera invocación de preceptos constitucionales no transforma un recurso contencioso en una acción directa de inconstitucionalidad. La organización enfatizó que la potestad reglamentaria de la JCE está subordinada a la ley y no puede crear restricciones no previstas por el legislador.
Según la institución, lo que estaba en juego era un juicio de legalidad sobre una actuación administrativa, atribución que le corresponde al juez electoral. De asentarse el criterio adoptado por el TSE, advierten, bastaría alegar una vulneración constitucional para despojar a los jueces especializados de sus atribuciones naturales.
