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Santo Domingo, R D. – Pese a posicionarse como uno de los tres empleadores más grandes de la República Dominicana, el Estado dominicano desconoce la cantidad exacta de colaboradores que integran sus filas. La falta de interconexión tecnológica entre las distintas dependencias públicas ha impedido consolidar un registro centralizado, una falla estructural que el Ministerio de Administración Pública (MAP) busca corregir mediante un proceso de fiscalización en terreno.
El titular del MAP, Sigmund Freund, reveló que se está ejecutando una auditoría presencial a nivel nacional para depurar los padrones institucionales, con el objetivo de verificar la presencia real y la función de cada servidor público.
Registros cruzados y cifras dispares
Aunque los reportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) contabilizan cerca de 700,000 cotizantes en el sector público, las autoridades sostienen que dicha cifra no refleja con precisión la plantilla laboral del Estado.
«No son 780,000, son menos. ¿Qué tantos? Tampoco te lo puedo decir», admitió Freund durante un encuentro con ejecutivos y editores de medios de comunicación al hacer un balance de su gestión.
Para subsanar este vacío informativo, el MAP avanza en el desarrollo de una plataforma de integración de planillas estatales y contrató a tres firmas auditoras independientes. Se prevé que el levantamiento de datos concluya en diciembre de este año.
Distorsiones en la escala salarial y reforma legal
La revisión de la nómina pública ha dejado en evidencia tensiones internas en el clima laboral del sector estatal, impulsadas principalmente por inequidades en la escala de sueldos.
Debido a una legislación de salarios desactualizada, persisten discrepancias donde funcionarios con responsabilidades equivalentes o ministros de Estado perciben remuneraciones congeladas e inferiores a las de otros cargos de similar jerarquía.
Como parte del plan de modernización institucional, el MAP prepara la presentación de un proyecto de enmienda a la Ley de Función Pública, iniciativa que buscará estandarizar los tabuladores salariales, optimizar los recursos presupuestarios y formalizar el ingreso y permanencia del personal en la administración del Estado.
