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Santo Domingo.— La Procuraduría General de la República (PGR) ya no podrá rechazar de forma absoluta la entrega de certificaciones sobre el registro de ciudadanos, incluso si estos poseen un historial penal previo. Así lo dictaminó el Tribunal Constitucional (TC), al precisar que la institución estatal está obligada a expedir un documento formal que refleje la situación jurídica real del solicitante en lugar de dejar la petición sin respuesta.
Hasta la fecha, el órgano persecutor limitaba la entrega de este trámite popularmente conocido como «papel de buena conducta» únicamente a quienes no registraban condenas definitivas, cobrando la tasa de 800 pesos a personas con antecedentes o en procesos abiertos sin emitirles comprobante o certificación alguna.
El caso originario y la presunción de inocencia
La sentencia se originó tras la reclamación de un ciudadano a quien la Fiscalía de El Seibo le negó el documento por estar sometido a un proceso penal abierto, aunque sin contar con una sentencia condenatoria firme. Esta negativa le provocó la pérdida de una oferta laboral y la denegación de un visado.
El TC revocó las decisiones anteriores al recordar que solo existe un antecedente penal cuando hay una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. La alta corte criticó al tribunal de primera instancia por no aplicar este precedente jurisprudencial y enfatizó que retener el documento por investigaciones o juicios en curso equivale a imponer una «condena anticipada», vulnerando el derecho fundamental a la presunción de inocencia.
Dos tipos de certificación
Con esta resolución, el Tribunal Constitucional delimita el procedimiento administrativo:
Certificación de No Antecedentes Penales: Se otorgará a ciudadanos sin sentencias condenatorias definitivas (incluyendo a personas bajo investigación o en juicio oral).
Certificación de Antecedentes Penales: Se expedirá a personas con condenas firmes, haciendo constar de manera transparente su estado procesal en lugar de rechazar la solicitud.
Esta medida busca garantizar el derecho al acceso a la información personal (hábeas data), protegiendo la dignidad, el honor y la imagen de los ciudadanos ante requerimientos laborales y tramitaciones oficiales.
