WASHINGTON.— El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la conversión a carácter permanente de su programa de fianzas para la solicitud de visas de visitante, elevando además el monto máximo exigido a US$ 20,000 para ciudadanos procedentes de una lista de 50 naciones, compuestas principalmente por países del continente africano.
La medida, que deja atrás la fase piloto iniciada el año pasado, aplica para quienes soliciten visados de turismo o negocios (categorías B1 y B2). Según lo publicado en el Registro Federal, la revisión técnica determinó que la exigencia económica ha sido efectiva para frenar la permanencia irregular de visitantes tras el vencimiento de sus permisos de entrada.
Incremento de tarifas y mecanismo de reembolso
La norma final elimina la fianza mínima que se ubicaba en US$ 5,000 y fija el tope máximo en US$ 20,000 (frente al máximo anterior de US$ 15,000), correspondiendo a la discreción del oficial consular determinar la cifra exacta a depositar antes de la entrevista.
Reembolso garantizado: La fianza se devuelve íntegramente si la solicitud de visa es denegada o si el beneficiario viaja a territorio estadounidense y cumple estrictamente con los plazos de salida establecidos.
Costo de deportación: De acuerdo con estimaciones gubernamentales, la localización, arresto y deportación de un visitante que excede su estadía autorizada le cuesta al Estado estadounidense un promedio de US$ 18,000 por persona.
Caída drástica en las emisiones de visados
Las autoridades calificaron la iniciativa de «gran éxito» al señalar que las violaciones por estadías prolongadas cayeron de más de 45,000 casos registrados en 2024 a menos de 50 en los primeros diez meses de prueba.
Sin embargo, organizaciones civiles e internacionales advierten sobre la barrera financiera que representa para solicitantes de países en desarrollo. Según cifras oficiales, la implementación de la medida redujo en un 83 % la emisión de visas de negocios y turismo en las naciones sujetas al programa, debido a que casi la mitad de los solicitantes requeridos prefirieron no efectuar el depósito de la fianza.
El Departamento de Estado prevé mantener e incluso ampliar el listado de países afectados en las próximas actualizaciones del reglamento.