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COLOMBIA.– La violencia y el silencio forzado vuelven a ensangrentar el periodismo en Colombia. Este sábado, el comunicador Cristian Herrera fue asesinado a balazos en la ciudad fronteriza de Cúcuta, convirtiéndose en el segundo profesional de los medios ejecutado en el país en menos de un mes. El crimen ocurre en medio de una profunda crisis de seguridad y a tan solo dos meses de que concluya el mandato del presidente Gustavo Petro.
Herrera, quien además era miembro del consejo directivo de la prestigiosa ONG Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), fue abordado por un sicario en motocicleta que le disparó a quemarropa. El periodista falleció mientras era trasladado de urgencia al Hospital Universitario Erasmo Meoz.
Según informaron las autoridades locales y la Defensoría del Pueblo, Herrera ya había recibido amenazas de muerte previas debido a su labor y, de hecho, contaba con medidas de protección gubernamentales que resultaron insuficientes para salvar su vida.
Investigaba la corrupción y el horror del Catatumbo
El trabajo de Cristian Herrera se centraba en denunciar los hilos del poder ilegal. Su pluma y micrófonos estaban dedicados a investigar:
Casos de impunidad y corrupción político-administrativa.
Las redes del crimen organizado en la frontera.
La alarmante situación de orden público en el Catatumbo, una convulsa región fronteriza con Venezuela donde las guerrillas libran una sangrienta guerra por el control del territorio.
«La violencia vuelve a golpear al periodismo en Colombia. En menos de un mes, el país ha perdido dos voces del periodismo regional en contextos marcados por la violencia y la presencia de grupos armados ilegales», denunció la Defensoría del Pueblo en un enérgico comunicado.
Una crisis que se agudiza
El asesinato de Herrera se suma al de Matro Pérez, un joven periodista de 25 años que fue ejecutado por guerrilleros en mayo pasado en el departamento de Antioquia. Con estos nuevos casos, la cifra histórica en el país se vuelve aún más escalofriante: al menos 170 reporteros han sido asesinados en Colombia desde 1977, según los registros de la FLIP.
El crimen organizado y los grupos insurgentes continúan ganando terreno en una etapa crítica para el gobierno actual, debilitado por el fracaso de diversas mesas de negociación de paz y el repunte de masacres de civiles y atentados contra las fuerzas del orden.
