PUERTO PRÍNCIPE.– La organización Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado urgente a las autoridades de Haití y El Salvador para asegurar el estricto cumplimiento del derecho internacional y la protección de los derechos humanos, tras el despliegue de más de 2,000 efectivos militares salvadoreños en la capital haitiana para hacer frente a las bandas armadas.
Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas, sostuvo que tanto el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, como el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tienen la responsabilidad legal y ética de garantizar que el uso de la fuerza no ponga en riesgo a la población civil ni agrave la crisis humanitaria de la zona.
«El compromiso del primer ministro haitiano de no tolerar violaciones debe traducirse en garantías efectivas. Ambas naciones deben transparentar el acuerdo que ampara este operativo y definir las reglas bajo las cuales rinden cuentas», enfatizó Piquer.
Transparencia y estatus legal de la misión
La presencia de las tropas salvadoreñas en territorio haitiano se intensificó luego de la desaparición de cuatro militares de esa nación el pasado 18 de octubre, tras una emboscada ejecutada por grupos armados en el sector de Croix-des-Bouquets.
Sin embargo, el marco legal y operativo del contingente centroamericano ha generado interrogantes. Voceros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aclararon que la mayoría de los soldados enviados por El Salvador operan de forma independiente a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), manteniéndose al margen del mandato e inspección del organismo internacional.
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Ante este panorama, Amnistía Internacional demandó la implementación de protocolos especiales para salvaguardar a la infancia, investigar con independencia cualquier eventual exceso policial o militar y esclarecer el paradero de los uniformados salvadoreños capturados.
