SANTO DOMINGO.– En un paso hacia la garantía de los derechos constitucionales y la seguridad jurídica, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Dirección General de Migración (DGM) la anulación inmediata de miles de impedimentos de salida y alertas migratorias que carecían de respaldo judicial.
La medida beneficia de forma directa a 56,140 ciudadanos, quienes a partir de ahora podrán desplazarse fuera del país sin las restricciones que pesaban sobre ellos debido a registros irregulares acumulados durante décadas.
Revisión de expedientes desde 1990
Esta acción es el resultado de seis meses de labor técnica continuada entre el Ministerio Público y las autoridades migratorias, enfocada en auditar y depurar la base de datos histórica desde el año 1990.
Durante el levantamiento se detectaron múltiples inconsistencias, tales como:
Registros emitidos sin orden dictada por un juez competente.
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Casos vinculados a procesos judiciales ya concluidos que no fueron actualizados.
Errores administrativos en la identificación de personas que mantenían alertas activas de manera injustificada.
Ante los hallazgos, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, instruyó al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, a dar prioridad al retiro de fichas imprecisas o cuyos efectos legales hubiesen caducado, restituyendo el derecho fundamental al libre tránsito consagrado en los artículos 40 y 46 de la Constitución.
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Modernización e interoperabilidad para diciembre
Para evitar la reincidencia de estas fallas, la mesa técnica interinstitucional trabaja en la implementación de una plataforma tecnológica de interoperabilidad que gestionará en tiempo real el alta y baja de las restricciones migratorias.
Se contempla que este nuevo sistema entre en operación a partir de diciembre de 2026, garantizando que ninguna alerta permanezca activa sin la debida ratificación de la autoridad judicial correspondiente.
