TV ONLINE
LIMA, Perú. – En una fecha cargada de simbolismo histórico y coincidiendo con el aniversario número 36 de la llegada de su padre al poder, Keiko Fujimori juró este martes como presidenta de la República del Perú para el período 2026-2031, convirtiéndose en la primera mujer elegida por voto popular para conducir el Ejecutivo nacional.
La investidura, celebrada en el Congreso de la República tras la recepción de la banda por parte del mandatario saliente José María Balcázar, pone fin a cuatro intentos electorales por parte de la lideresa de Fuerza Popular. Fujimori logró la victoria en el balotaje frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez por un estrecho margen de menos de 50,000 votos, cerrando un ciclo de diez años caracterizado por la volatilidad gubernamental e inestabilidad institucional.
Seguridad y disciplina institucional como eje
Durante su primer discurso a la nación, la jefa de Estado enfatizó que su gestión estará orientada a recuperar la operatividad del Estado, enfocar esfuerzos en la seguridad ciudadana y articular políticas con metas medibles y rendición de cuentas. Entre las medidas planteadas destaca el involucramiento de las fuerzas armadas en labores de soporte a la seguridad pública para enfrentar los índices de criminalidad.
A diferencia de las administraciones predecesoras, el nuevo Gobierno arranca con una sólida representación en el Parlamento mediante bancadas afines, lo que le otorga, en principio, mayor margen de gobernabilidad legislativa para la aprobación de su agenda estructural.
Un mapa social polarizado y el peso del pasado
La llegada de Fujimori al Palacio de Gobierno se produce en un escenario de marcada fragmentación territorial y social. Mientras las zonas urbanas de la costa y la capital concentraron la mayor parte de su caudal electoral, las regiones del sur y la sierra peruana mostraron una clara preferencia por la propuesta opositora, reflejando las brechas sociales vigentes.
Asimismo, la administración entrante deberá lidiar con los cuestionamientos de sectores civiles y opositores sobre el legado del fujimorismo de los noventa, así como las demandas de reforma a legislaciones recientes en materia penal y de crimen organizado. La mandataria enfrenta el reto de gobernar para una ciudadanía dividida y demostrar la efectividad de su programa de gobierno en un entorno político de alta vigilancia social.
