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Por: Margarita Feliciano Miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo (FP)
Las democracias no mueren solo por la fuerza. También se debilitan cuando el poder utiliza mecanismos legales para restringir derechos, limitar el disenso y reducir la fiscalización ciudadana.
Por eso preocupa la entrada en vigencia de la denominada “ley mordaza”, una normativa que muchos consideran una amenaza a principios fundamentales de la Constitución.
El problema no es solo una ley específica, sino el precedente que crea cuando el Estado obtiene herramientas que pueden desalentar la crítica, intimidar la denuncia pública o limitar la libertad de expresión.
La Constitución no fue creada para proteger al poder de los ciudadanos, sino para proteger a los ciudadanos de los excesos del poder. Cuando una ley contradice las garantías constitucionales, deja de ser un instrumento de protección y se convierte en una restricción de derechos.
La libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a cuestionar a los gobernantes son pilares esenciales de toda democracia. Sin ellos no hay transparencia, rendición de cuentas ni control ciudadano sobre quienes administran el Estado.
La historia demuestra que las libertades suelen perderse gradualmente cuando se aceptan restricciones que concentran poder y reducen el espacio para la crítica. Por ello, la sociedad dominicana debe mantenerse vigilante y utilizar los mecanismos constitucionales disponibles cuando considere que una ley vulnera derechos fundamentales.
Defender la democracia exige firmeza institucional. Callar ante intentos de restringir derechos fundamentales no puede ser una opción para quienes creen en la libertad, la justicia y el respeto a la Constitución.
La República Dominicana no necesita leyes que silencien a sus ciudadanos. Necesita instituciones fuertes, gobiernos transparentes y una democracia donde la crítica sea respetada, no perseguida.
