Turbulencia contractual: El Higüero enfrenta a Aerodom y aerolíneas por promesas de inversión

Janet Báez
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SANTO DOMINGO – El Aeropuerto Internacional La Isabela (AILI), pieza clave para la aviación ejecutiva dominicana, se encuentra en el centro de una disputa que escala hasta el Palacio Nacional. La Asociación Dominicana de Líneas Aéreas (ADLA) y la concesionaria Aerodom mantienen versiones encontradas sobre quién debe pagar por el estancamiento de la terminal.

El reclamo: Pista corta y falta de agua

Para las aerolíneas locales, el diagnóstico es claro: El Higüero ha tocado techo. ADLA sostiene que el contrato de concesión obliga a Aerodom a alargar la pista y mejorar la infraestructura de pasajeros para permitir un crecimiento que hoy consideran «frenado».

A estas quejas de infraestructura se suma una crisis operativa básica: fallas intermitentes en el suministro de agua potable que dejan a la terminal seca hasta por seis horas, afectando tanto a tripulaciones como a pasajeros internacionales.

La defensa: «Los números no cuadran»

Vista aérea del Aeropuerto Joaquín Balaguer (Fuente Externa)

Desde la acera de enfrente, Aerodom (filial de Vinci Airports) se aferra a la letra pequeña y a las estadísticas. Según la empresa, no hay obligación contractual para ampliar la pista, y los datos de flujo de pasajeros respaldan su postura:

Desplome de usuarios: Tras un pico en 2023, el movimiento en La Isabela cayó drásticamente a 56,588 pasajeros en 2025.

La prioridad es Las Américas: La empresa enfoca sus baterías en la nueva terminal del AILA, donde la inversión supera los US$350 millones.

«Cualquier expansión dependería de que el Estado compre terrenos, algo que no ha ocurrido», puntualizó Luis José López, vocero de la concesionaria.

Un escenario bajo presión

Este «choque de trenes» por El Higüero no ocurre de forma aislada. Se produce apenas semanas después de que el presidente Luis Abinader lanzara una advertencia legal contra Vinci Airports por supuestos retrasos en las obras de Las Américas, cuya entrega está pautada para 2028.

Con un contrato renovado hasta el año 2060, el mecanismo de arbitraje se perfila como la única vía de escape si el diálogo directo entre las aerolíneas y la concesionaria no logra despegar.

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