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Miami, Florida — El presidente Donald Trump presentó este jueves una demanda por US$5,000 millones contra JPMorgan Chase y su director ejecutivo, Jamie Dimon, alegando que el banco cerró indebidamente sus cuentas por motivos políticos tras los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.
La querella, interpuesta en una corte estatal del Condado Miami-Dade, representa el más reciente capítulo en la ofensiva legal de Trump contra las principales instituciones financieras del país, a las que acusa de discriminarlo a él, a sus empresas y, de manera más amplia, a sectores conservadores.
Según la demanda, JPMorgan cerró varias cuentas vinculadas a Trump en 2021 basándose —afirma— en una “creencia woke no sustentada” de que debía distanciarse del entonces expresidente. El documento sostiene además que tanto el banco como Dimon habrían mantenido desde entonces una supuesta “lista negra” contra Trump y sus negocios.
El presidente también alega que el cierre de cuentas dificultó el acceso a sus fondos y causó un daño reputacional significativo, al verse obligado a contactar a otras instituciones financieras para trasladar su dinero y operaciones bancarias.
El verano pasado, Trump utilizó su autoridad ejecutiva para ordenar a los reguladores federales iniciar investigaciones sobre bancos acusados de prácticas de debanking —el cierre de cuentas por razones ideológicas o políticas—, un fenómeno que ha denunciado de forma reiterada.
En respuesta, JPMorgan rechazó categóricamente las acusaciones. “No discriminamos por motivos políticos”, afirmó una portavoz del banco en un comunicado. “Si bien lamentamos que el presidente Trump nos haya demandado, creemos que la acción legal carece de méritos. Respetamos su derecho a demandar y nuestro derecho a defendernos; para eso existen los tribunales”.
La entidad financiera reconoció que en ocasiones se ve obligada a cerrar cuentas, pero insistió en que dichas decisiones responden a riesgos legales o regulatorios, no a consideraciones políticas. “Lamentamos tener que hacerlo, pero las normas y expectativas regulatorias a menudo nos colocan en esa posición”, señaló la portavoz, agregando que el banco ha solicitado tanto a la actual administración como a las anteriores cambios en las reglas que, según afirma, empujan a las instituciones a tomar estas medidas.
El caso reaviva el debate sobre la relación entre política, regulación y el poder del sistema bancario en Estados Unidos, en un momento en que Trump mantiene un discurso activo contra lo que denomina la “instrumentalización” del sector financiero.
