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SANTO DOMINGO. – La reciente ola de cambios en el tren gubernamental ha desatado una fuerte controversia en el Congreso Nacional. Senadores de diversas provincias manifestaron este sábado su rechazo a los despidos masivos e indiscriminados en las instituciones públicas, advirtiendo que las sustituciones basadas únicamente en razones políticas atentan contra la continuidad del Estado y la eficiencia administrativa.
La facultad del Presidente vs. «La Aplanadora» El senador por El Seibo, Santiago José Zorrilla, fue enfático al señalar que, si bien el presidente Luis Abinader tiene la facultad constitucional exclusiva para remover ministros y directores, esto no debe traducirse en una «limpieza» total del personal técnico.
«La continuidad del Estado se garantiza dándole confianza a quien lo está haciendo bien», afirmó Zorrilla, cuestionando qué motivación tendría un empleado para ser eficiente si sabe que será sustituido sin evaluación previa tras un cambio de mando.
Réplica a Alfredo Pacheco El debate surge tras las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien criticó duramente las recientes designaciones de Abinader. Al respecto, el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc (Cholitín), calificó los comentarios de Pacheco como «inapropiados», sugiriendo que «se le fue la mano» al dejarse llevar por las emociones.
Por su parte, el senador de la provincia Independencia, Dagoberto Rodríguez, aunque reconoció que los ministros tienen derecho a llevar a su «equipo de confianza» (como jefes de gabinete o secretarios), fue tajante al rechazar el uso de la «aplanadora» que arrastra con empleados de carrera y técnicos valiosos.
En defensa de la institucionalidad Los legisladores coincidieron en que la política no debe estar por encima del buen funcionamiento de las instituciones. Rodríguez defendió el criterio del mandatario, asegurando que «el presidente sabe por qué hace las cosas», pero insistió en que no se debe castigar a quienes cumplen con su labor profesional independientemente de las coyunturas partidarias.
Este choque de posturas evidencia una tensión creciente dentro del oficialismo sobre cómo equilibrar el cumplimiento de compromisos políticos con la necesidad de mantener una administración pública técnica y profesionalizada.
