El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, urgieron a que de forma inmediata se apaguen las plantas de carbón de Punta Catalina, a causa de los graves daños a la salud que está ocasionando en la población de la provincia Peravia.
Apelaron a los jueces del Tribunal Superior Administrativo, TSA, que conocieron la solicitud de acción de amparo contra Punta Catalina, para que dicten sin mayores dilaciones la sentencia ordenando que se cierren las plantas de carbón de Punta Catalina hasta que dejen de constituir un peligro público a la salud y a la vida de más de cien mil personas que habitan desde Catalina hasta la ciudad de Baní.
Las organizaciones apoyan este llamado de urgencia en la admisión que hace la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, en la licitación convocada de emergencia para la adquisición de accesorios para el tratamiento de los gases de combustión y cal viva para Punta Catalina, CDEEE MAE PEUR 2021-001, publicada el 13 de mayo pasado, de que las emisiones de gases ácidos de esta termoeléctrica han sido 40 veces superiores a todas las normas.
“Eso quiere decir que las plantas de carbón de Punta Catalina han estado operando sin el adecuado filtrado de los gases que resultan de la combustión del carbón, emitiendo estos gases al aire a niveles que ponen en peligro la vida de la población”, explicaron.
Indicaron que Punta Catalina está emitiendo 8 mil miligramos por Nm3 cuando las normas internacionales solo aceptan 200 miligramos por Nm3, representando niveles alarmantes de contaminación del aire que pueden ser letales.
Calificaron de genocidio el hecho de que tanto las autoridades de la administración pasada de Danilo Medina como de las actuales presidida por Luis Abinader, hayan autorizado las operaciones de Punta Catalina en estas condiciones lesivas para la salud de la población.
Señalaron que en los últimos 60 años no se conoce en el mundo un gobierno que autorizara el funcionamiento de plantas de carbón con los niveles de emisiones de gases ácidos con que está operando Punta Catalina. “Este comportamiento es pasible de ser sometido ante las cortes internacionales bajo la acusación de estar cometiendo genocidio”, apuntó.
Dijeron que la información contenida en la licitación de la CDEEE para adquirir los accesorios y la cal viva para Punta Catalina, confirma la denuncia que hicieron las organizaciones en febrero y marzo sobre la existencia de nubes tóxicas cargadas de gases ácidos y de micropartículas sobre la ciudad de Baní que colocaba en extremo riesgo la vida de sus habitantes.
Afirmaron que hace un año, el 28 de mayo de 2020, depositaron una denuncia formal en la Procuraduría especializada en Medio Ambiente sobre las violaciones de Punta Catalina a las normas de la calidad del aire.
Igualmente recordaron que el 18 de enero pasado depositaron un acto de oposición y de advertencia dirigido a los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía y Minas en contra de la anulación de sistema de control de seguridad del aire, AQSC, de Punta Catalina que habían anunciado el 29 de diciembre pasado, el ministro Antonio Almonte y el gerente general de esa central, Serafín Canario.
Llamaron a los habitantes de la provincia Peravia a que no se dejen enfermar y matar por la contaminación letal de Punta Catalina, tanto la que proviene de las cenizas tóxicas como por las emitidas a través de la chimenea de esta central.
