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La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó el sábado una legislación que clasifica como extorsión o coerción a ciertas amenazas relacionadas a denunciar el estado migratorio de una persona.
Las amenazas de denunciar el estado migratorio de una persona pueden actualmente tratarse como un delito en casos de trata laboral y trata sexual, pero no se trataban anteriormente como posibles delitos de extorsión o coacción.
«Nueva York se basa en el arduo trabajo y la determinación de generaciones de inmigrantes, y necesitamos apoyar a las personas que están tratando de construir una vida mejor para ellos y sus familias», dijo la gobernadora Hochul. «Esta legislación protegerá a los neoyorquinos de los malos actores que utilizan la extorsión o la coacción debido a su estado migratorio, y hará que nuestro estado sea más seguro contra amenazas e intimidación viles».
Este proyecto de ley permite a los fiscales procesar los esfuerzos para chantajear a una persona al amenazarla con provocar un proceso de deportación incluso cuando no esté relacionado con el tráfico laboral o sexual.
«Para un inmigrante indocumentado que huyó del peligro en su país de origen, ser denunciado a ICE puede ser una sentencia de muerte, pero lamentablemente, demasiadas personas están dispuestas a aprovecharse de nuestros vecinos más vulnerables al amenazarlas con revelar su estatus migratorio para explotarlos de alguna manera”, dijo la senadora Anna M. Kaplan. “Al promulgar esta medida tan esperada, estamos actualizando las leyes sobre extorsión y coerción para garantizar que los inmigrantes neoyorquinos no sean vulnerables a amenazas tan viles».
La extorsión y la coacción implican obligar a una persona a entregar una propiedad, o a participar o abstenerse de participar en otras conductas mediante la intimidación, incluida la amenaza de presentar cargos penales en su contra. Esta legislación modifica las definiciones del Derecho Penal de «extorsión» y «coacción» para incluir también las amenazas con el fin de hacer que se inicie un proceso de deportación contra una persona.
Se han promulgado medidas similares en California, Colorado, Maryland y Virginia, y esta legislación se basa en un modelo recomendado por el Instituto de Liderazgo Público titulada «Ley de Prevención de la Extorsión de Inmigrantes».
