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Santo Domingo Este – El reconocido exponente urbano Caonabo Enrique Mesa Ureña, artísticamente conocido como Toxic Crow, se encuentra en el centro de una batalla legal luego de que el Ministerio Público presentara una acusación formal en su contra por presunto fraude eléctrico y asociación de malhechores.
La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) depositó la instancia ante el Juzgado de la Instrucción de este municipio, solicitando la apertura a juicio de fondo contra el artista, cuatro personas más y una razón social, tras detectar una sustracción ilícita de energía que supera los RD$1.6 millones en perjuicio de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) y el Estado dominicano.
El expediente, instrumentado por la fiscalizadora Martha Idalia Florentino, incluye además de Toxic Crow a los ciudadanos Engels Luis Alemán Bernabé, Francisco Daniel Mesa Ureña, Agustín Jiménez Camilo y Marco Lauren Rodríguez, así como a la empresa Mercedes Liriano Auto Detailing, S.R.L.
El hallazgo: Manipulación técnica en el Ensanche Ozama
La investigación penal cobró fuerza tras un allanamiento ejecutado en un establecimiento comercial de la calle Club Rotario, en el sector Ensanche Ozama, donde opera el negocio conocido comercialmente como Paris Bar & Lounge / Paris Auto Spa.
De acuerdo con los informes de los técnicos actuantes, en el lugar se detectó un sofisticado sistema de manipulación fraudulenta en la medición eléctrica. El reporte detalla que el suministro contratado formalmente a nombre de Francisco Daniel Mesa Ureña presentaba dos alteraciones graves:
La desconexión del cable de señal de la fase «C» proveniente de los transformadores de corriente (CT’S).
Una inversión intencional en el flujo de los conductores de la acometida, lo que impedía que el medidor registrara el consumo real de electricidad del comercio.
El monto del perjuicio y las implicaciones legales
Las autoridades ministeriales determinaron que mediante este mecanismo los imputados lograron sustraer un total de 184,088 kilovatios-hora (KWH), lo que se traduce en pérdidas exactas por RD$1,691,768.72.
El Ministerio Público sostiene que tanto los arrendatarios del inmueble como el fiador solidario y la empresa vinculada se beneficiaron directamente del ilícito. Por tal razón, el órgano persecutor tipificó las acciones bajo los artículos de la Ley General de Electricidad (No. 125-01, modificada por la Ley 186-07) referentes al fraude eléctrico, en concurso con los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los cuales castigan la asociación de malhechores. El tribunal de la instrucción deberá decidir ahora si envía el caso a juicio de fondo.
