El juez federal Emmett Sullivan de la Corte de Distrito de DC acaba de bloquear el programa conocido como Título 42 por el cual se rechazan migrantes en la frontera sur a raíz de la crisis del COVID-19, debido a una violación la Ley de Procedimientos Administrativos.
Sullivan calificó la regla, que fue implementada primero por el gobierno de Trump, de “arbitraria y caprichosa”. Bajo el programa, fueron echados un millón de migrantes que habían cruzado la frontera entre EEUU y México.
El Título 42 permite que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) devuelva a los migrantes a México antes de que puedan presentar una solicitud de asilo.
Si bien la controversial regulación fue preparaba durante la gobierno del entonces presidente Donald Trump, el térnimo de Joe Biden la mantuvo en vigencia para ponerle freno al creciente flujo de migrantes en la frontera sur.
En marzo del 2020, cuando la amenaza de la pandemia del coronavirus se estaba extendiendo por Estados Unidos, el gobierno del entonces presidente Donald Trump lanzó una política sanitaria para contener la propagación de la enfermedad en la frontera. Desde entonces, CBP ha realizado más de 2 millones de devoluciones.
Lo hizo a través del Título 42, una medida que impusieron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y bajo la cual las autoridades migratorias pueden deportar automáticamente a la mayoría de los inmigrantes indocumentados que llegan a la frontera sur, sin darles la oportunidad de solicitar asilo.
El gobierno argumentó que debido a los contagios de COVID-19 en México, «existía un grave peligro de que se siguiera propagando el virus en Estados Unidos», por lo que la restricción migratoria se convertía en un tema de «interés de salud pública».
A pesar de que los contagios de coronavirus disminuyeron drásticamente en ambos países en los últimos meses, la política se ha mantenido vigente y muchas organizaciones migratorias cuestionaron la naturaleza de la misma.
Incluso, acusaron a las autoridades migratorias de EEUU de usarla para frenar la migración y no como una medida sanitaria, como originalmente se pensó.
