Instalan Unidad de Auditoría Interna en SeNaSa

Janet Báez
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El director de SeNaSa, Edward Guzmán, solicitó formalmente la intervención de la Contraloría para blindar el manejo de los recursos que benefician a más de 7 millones de afiliados.

Santo Domingo – Con el objetivo de garantizar que «cada peso» destinado a la salud de los dominicanos sea utilizado con absoluta transparencia, la Contraloría General de la República dejó instalada formalmente una nueva Unidad de Auditoría Interna (UAI) en la sede central del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

La medida no fue una imposición, sino una solicitud directa del nuevo incumbente de SeNaSa, el doctor Edward Guzmán. Esta alianza busca fortalecer el control interno y prevenir cualquier tipo de irregularidad en una institución que maneja el servicio de salud del 75% de la población dominicana.

Un blindaje para 7 millones de afiliados

Félix Santana García, contralor general, enfatizó durante el acto que el control interno es la herramienta clave para proteger la confianza pública. Por su parte, el doctor Guzmán subrayó que este paso es un hito para la seguridad social en el país.

«Nuestro objetivo es garantizar que cada peso destinado a la salud se traduzca en servicios oportunos y de calidad», afirmó Guzmán.

Agilidad sin sacrificar la fiscalización

Uno de los mayores retos de esta nueva unidad será supervisar el flujo de pagos a más de 7,000 prestadores de servicios de salud a nivel nacional. La meta es que la fiscalización de la Contraloría no detenga la operatividad de SeNaSa, asegurando que los pagos y servicios sigan siendo «viables y factibles» para los proveedores y afiliados.

Respeto al marco legal

La instalación de esta oficina se realizó bajo el amparo de la Ley 10-07, que otorga a la Contraloría la rectoría del control interno, pero respetando la autonomía y regulación que ejerce la Sisalril sobre SeNaSa, según lo establecido en la Ley 87-01 de Seguridad Social.

Con esta movida, el Gobierno busca enviar un mensaje de rendición de cuentas en una de las instituciones más sensibles del Estado, asegurando que la fiscalización preventiva sea la norma y no la excepción.

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